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A través del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, ambos organismos –con incidencia en la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– enviaron una solicitud al gobierno de Enrique Peña Nieto para que garantice la integridad y seguridad del párroco y sus colaboradores.
Además subrayaron que de manera constante el Consejo Parroquial realiza actividades de denuncia contra la violencia, el tráfico de armas y drogas, la corrupción a todos los niveles, las deficiencias del estado de derecho y la impunidad de las violaciones de derechos humanos en el municipio de Simojovel.
Destacaron que el pasado 25 de febrero la Asamblea General de los Creyentes Católicos, compuesta en su mayoría por indígenas tzeltales y tzotziles, creó un Comité de Derechos Humanos para denunciar y visibilizar las múltiples y constantes violaciones perpetradas en la región, incluidos dos secuestros.
Según la información recibida por la OMCT y la FIDH, Marcelo Pérez ha sido objeto de amenazas constantes. El último incidente tuvo lugar el pasado 17 de marzo, cuando diversas autoridades locales organizaron una concentración frente a la parroquial para intimidar al cura por las actividades de denuncia pública que ha realizado junto con otros defensores.
A causa de las amenazas y riesgos para la vida, seguridad e integridad personal de Pérez Pérez y otros integrantes del Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente de Simojovel, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presentó el pasado 7 de diciembre una solicitud de medidas cautelares ante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el clima de amenazas contra el sacerdote y otros defensores de derechos humanos en la comunidad de Simojovel, y pidió que de manera inmediata se tomen las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.
De igual manera, solicitó “una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas y los actos de intimidación, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley”.
Y exigió poner fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas en contra del párroco Pérez Pérez y en general contra todos los defensores de derechos humanos en México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
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