En una carta enviada al organismo internacional, el colectivo binacional aseguró que el Estado mexicano incumple las medidas cautelares dictadas el pasado 28 de enero a favor de Salgado García, lo que derivó en una huelga de hambre iniciada el pasado 5 de mayo ante la omisión de las autoridades.
La integridad y vida de la activista, alertó el Frente, está en juego por los “pases políticos” entre el gobierno federal, las autoridades penitenciarias y el gobierno de Guerrero. Denunció que éstos no toman acciones para proteger su salud pues aún no la trasladan a un penal del fuero común para que tenga atención médica.
Y es que Nestora lleva más de dos años en prisión sin recibir condena.
La organización remarcó que la exigencia única, prioritaria y urgente es la libertad inmediata de la defensora, por lo que pidió la actuación y coadyuvancia de la CIDH para exigir al Estado mexicano su pronta liberación y que haga públicas las razones por las que sigue presa como criminal de máxima seguridad.
Los activistas recordaron que la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá estaba facultada para ejercer tareas de seguridad, como lo establece la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero. Por ello, llamaron a la CIDH a intervenir de manera inmediata para la liberación de la activista.
De acuerdo con el colectivo, el Estado mexicano no puede ser omiso ante las violaciones graves documentadas desde la detención arbitraria de la líder comunitaria el 21 de agosto de 2013, entre ellas, que no hubo orden de aprehensión, está incomunicada y bajo tortura, además de las violaciones al debido proceso que la mantienen encarcelada en detrimento de su salud.
El Frente aseguró que a pesar de que la activista fue exonerada de los cargos de delincuencia organizada desde marzo de 2014, sigue injustamente recluida, mientras que el gobierno de Guerrero, la Procuraduría General estatal, así como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han contribuido a la falta de acceso a la justicia.
La agrupación reclamó que la inacción gubernamental fortalece la afirmación de que la excomandanta es criminalizada por su labor como defensora de los derechos de los pueblos indígenas y por ejercer el derecho de las comunidades originarias a regirse bajo sus propios sistemas normativos.
Prueba de ello, explicó, son los tratos y hostigamiento que enfrenta en el penal federal y las constantes amenazas hacia su familia. Por ello, aseguró que es necesario investigar cómo actúa la directora del penal, Natasha María Bidault Mniszek, en este caso.
La abogada Alejandra Gonza, integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, informó a esta agencia que siguen a la espera de que se concrete el acuerdo del pasado lunes entre la Segob y el gobierno de Guerrero, para que Nestora sea trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Tepepan en la Ciudad de México y se atienda su salud.
Asimismo, informó que ya se hizo el trámite formal de reubicación de Nestora ante el Juzgado Primero y Segundo de lo Penal en Tlapa, Guerrero, y ya fue autorizado, por lo que se espera que el traslado sea en los próximos días.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
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