La recomendación se deriva de la queja interpuesta por Canché el 28 de agosto de 2014 en la que denunció que recibió amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en los hechos relacionados con el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, del 11 al 19 de agosto.
Canché se encargó de dar cobertura a ese evento desde el día 16 de ese mes, sin embargo, servidores públicos de esa entidad lo responsabilizaron de ser el organizador de la manifestación y del bloqueo a las citadas oficinas, por lo que como consecuencia de una denuncia de hechos el día 22 de dicho mes se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje. Posteriormente fue detenido y recluido en la Cárcel Pública Municipal sin derecho a fianza porque el cargo que le imputaron está considerado como grave.
La imputación que le endilgó el gobierno de Borge Angulo estuvo basada en un peritaje de “criminalística de campo, fotografía, valuación y extracción de información”, y cuatro testimonios.
Sin embargo, expertos de la CNDH analizaron los anteriores elementos desde la perspectiva de los derechos humanos y, a la luz de los criterios expuestos por organismos y tribunales internacionales, llegó a la conclusión que son insuficientes para imputar el delito de sabotaje y constituyen acciones desproporcionadas de la autoridad ministerial que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión de quien documenta y difunde cuestiones públicas.
Por otro lado, se tuvo por acreditado que la mañana del 31 de agosto de 2014 el agraviado fue golpeado por otros internos en la cárcel pública municipal de Felipe Carrillo Puerto, por lo que las autoridades que tenían a su cargo velar por su seguridad vulneraron su derecho a la integridad personal.
En la recomendación, la CNDH determinó que un servidor público emitió comentarios en la red social Twitter que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado por documentar y emitir opiniones sobre asuntos de interés público, y forman parte de los actos que de conformidad con diversos organismos internacionales deben ser investigados y, eventualmente, sancionados.
Por ello, le pidió al gobernador de Quintana Roo instruir al procurador General de Justicia de esa entidad para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el juez correspondiente.
También se solicitó reparar el daño a la víctima; la implementación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en esa entidad federativa y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados y de quien resulte responsable.
El periodista maya cumplió el pasado 30 de abril ocho meses preso, a pesar de que un juez federal reconoció que existen arbitrariedades en el caso, así como violaciones a los derechos humanos y faltas en el debido proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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