En entrevista, la portavoz informó que la agresión se registró alrededor de las cuatro de la mañana y que rompieron las ventanas del cuarto en donde se encontraban ella, su esposo y sus tres hijos.
El resto de la familia duerme en una habitación contigua, de no más de cuatro metros cuadrados, que conecta con el dormitorio de Lucila por una pequeña puerta de madera.
Como resultado de la agresión, dos ventanas resultaron dañadas. En el interior de la casa de Lucila quedaron dos piedras grandes en el suelo. Pese a que la vocera del movimiento jornalero intentó identificar a los responsables de la agresión, no logró su cometido.
La casa de Lucila Hernández se ubica en la comunidad conocida como Las Casitas, en el rancho Los Pinos, cerca de la empresa agrícola del mismo nombre, una de las señaladas por las y los habitantes del Valle de San Quintín por ser de las más “explotadoras”.
Dicha comunidad está a más de una hora de distancia de la localidad de Vicente Guerrero, también en San Quintín, donde vive la comunidad indígena triqui, originaria de Oaxaca, y la mayoría de los voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.
La activista por los derechos laborales de las jornaleras dijo que de inmediato avisó de la agresión a uno de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se encuentran en San Quintín, quien se comprometió a acompañarla a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de la región.
Como probables responsables del ataque, Lucila Hernández señaló a los empresarios agrícolas de la zona, quienes –aseguró– forman el único grupo con quien tiene problemas derivados de su activismo ante el gobierno federal desde marzo pasado, cuando comenzó a demandar aumento salarial y mejores condiciones laborales para las jornaleras.
Hernández García es la única mujer que acompañó a los cinco voceros de la Alianza hasta la Ciudad de México en abril pasado para exigir a autoridades y legisladores federales que resuelvan el conflicto laboral en la región y observen la miseria que se vive en el Valle de San Quintín.
Además, la participación de Lucila en el movimiento ha sido la de visibilizar en particular las problemáticas y necesidades de las mujeres. Por ejemplo: que no se tolere más el acoso sexual en los campos agrícolas, se construya un hospital de especialidades y se creen más guarderías para sus hijos.
La defensora observó que la agresión en su contra es para “tratar de intimidar, de meter miedo, pero no lo van a lograr”. Agregó que el gobierno federal está obligado a garantizarle medidas de protección, ya que uno de los acuerdos firmados en la minuta del pasado 14 de mayo fue que los gobiernos federal y estatal, empresarios agrícolas y los jornaleros garantizarían un ambiente pacífico y que “no afectara el orden social”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
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