Eran como las 20:30 horas, y Olivares distinguió que desde los vehículos se alistaban a disparar, por lo que aumentó la velocidad mientras destrozaban la parte trasera de su Jetta. No frenó ni cuando una bala lo impactó muy cerca de la nuca. Su acompañante resultó ileso.
Hasta el 10 de abril, Olivares Adame, quien es abogado de Jorge Zapata González –nieto del caudillo y padre del joven que libró el ataque, a quien pidió no identificar–, permaneció hospitalizado y las semanas siguientes estuvo en recuperación. La bala entró y salió, perforándole el músculo del cuello, muy cerca de puntos vitales.
Para Jorge Zapata, “el pleito está declarado” por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu contra los pueblos que en varias zonas de Morelos se oponen a megaproyectos energéticos, extractivos e industriales.
“Son megaproyectos de destrucción, de muerte”, sentencia.
Organizaciones campesinas y líderes comunitarios responsabilizan al mandatario de imponer esas obras para favorecer a grandes trasnacionales practicando clientelismo y represión. Desde 2014, la resistencia a los megaproyectos se unió a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) para mantener su lucha.
Ya el 23 de octubre de 2012, tres semanas después de que Graco asumió la gubernatura, un contingente de 300 policías arribó a las inmediaciones de Huexca, comunidad nahua de Yecapixtla, para desalojar a las campesinas que desde hacía meses impedían el paso de maquinaria con que la empresa española Abengoa quería iniciar la edificación de una termoeléctrica.
La obra forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ideado en el gobierno de Felipe Calderón, quien esperaba inaugurarla en su sexenio. La movilización en Huexca lo frenó.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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