El proyecto Reserva Santa Fe, planeado en 217 hectáreas forestales, fue suspendido la semana pasada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que no cuenta con autorización de la manifestación de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo, mientras que la autopista fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en mayo de 2010, obra a cargo de la constructora Teya, una de las filiales de Grupo Higa, cuyo dueño es Juan Armando Hinojosa Cantú.
El trazo del proyecto carretero destruirá gran parte del bosque y santuario del agua, del cual depende el sistema Lerma, que abastece del recurso a la zona metropolitana de la ciudad de México, sostuvo José Luis Fernández, de la comunidad de Xochicuautla, integrante de la ANAA y del Congreso Nacional Indígena.
El proyecto carretero no llega solo, viene con el desarrollo Reserva Santa Fe, que empezó en Santa María Atarasquillo, en terrenos de bienes comunales y área natural protegida del estado. Ahí cooptaron a los representantes comunales para la venta de los terrenos, agregó en entrevista.
Explicó que 90 por ciento del trazo de la autopista atraviesa el bosque y ya lleva avance en ciertas zonas, pero en Xochicuautla no hay permiso de la comunidad para que se realice, aunque el gobierno adoptó como válida una asamblea en la que participaron 100 de 800 comuneros, a quienes les dieron 40 mil pesos. Decimos, en diferentes comunidades, que la ley agraria ha servido para legalizar los despojos de la tierra de los pueblos, apuntó.
Aseveró que aunque no hay permiso, ya se realizan trabajos y se han talado miles de árboles en un tramo de cinco kilómetros en Xochicuautla. Explicó que el proyecto de la preparatoria de la Universidad Iberoamericana está detenido, luego de una clausura en 2013 por parte de la Profepa.
En tanto, el plan Reserva Santa Fe, que se anuncia como desarrollo de 500 viviendas de lujo, hace unos días fue suspendido también por la Profepa, debido a que la empresa utiliza caminos que se utilizan para aprovechamiento forestal, no para la construcción de un desarrollo inmobiliario, detalló Ignacio Millán, encargado del despacho de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa.
La zona tiene un programa de manejo de aprovechamiento de recursos forestales y la extracción de pino y oyamel.
Agregó que la empresa tiene de plazo el tiempo que dure el procedimiento administrativo para retirar todo lo que tienen en los caminos y consignar que esas vías son de aprovechamiento forestal, no para el desarrollo inmobiliario, si esto no se hace se establecerá una sanción de carácter económico y la clausura total de las obras.
Precisó que debido a que es un área protegida a escala estatal, el proyecto se debe someter a dos tipos de autorizaciones de carácter federal, por estar en un área forestal: una en materia de impacto ambiental para el desarrollo inmobiliario y la otra para el cambio de uso de suelo.
Vigilaremos que no empiecen el desarrollo hasta que cuenten con las autorizaciones, apuntó.
El proyecto inmobiliario se busca levantar en una zona donde 51 por ciento del bosque es de Oyamel, 37 de pastizales inducidos y 12 es área agrícola. También está registrado como Unidad de Gestión Ambiental An-5-183, con uso predominante de Área Natural Protegida, con fragilidad ambiental máxima.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNFELICA ENCISO.
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