Desde Ginebra, Suiza, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dio cuenta de la audiencia en la que una delegación de unos 25 funcionarios del gobierno federal, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, así como el gobernador Rubén Moreira, en su calidad de representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presentaron el Cuarto y Quinto Informe Consolidado sobre la aplicación de la Convención, ratificada por México hace 25 años.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la REDIM, defensores destacaron que desde 1990 México ha recibido 295 recomendaciones de mecanismos de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes, de las cuales el 70% no se ha atendido.
Los defensores y Pérez García, éste vía telefónica, destacaron que la representación mexicana hizo alarde de la aprobación el año pasado de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tramitada como iniciativa preferente para el presidente Enrique Peña Nieto, legislación que los mismos expertos celebraron pero advirtieron que carece de fondos presupuestados para su ejecución.
Para el defensor de la infancia una vez más la respuesta del Estado mexicano fue insuficiente, tanto que los 18 expertos del Comité de Derechos del Niño dieron un plazo de 48 horas a la delegación mexicana para dar respuesta a temas como la desaparición de menores.
Pérez García apuntó que de acuerdo a los datos oficiales revisados por la REDIM, de los más de 23 mil desaparecidos, 7 mil corresponden a menores de edad, “pero en la audiencia representantes de la PGR aseguraron que la relación es de 9 mil desaparecidos de los cuales 3 mil son niñas, niños y adolescentes”.
Tras resaltar que la REDIM, integrada por 76 organizaciones, y otras 30 que no están enfocadas en la defensa de sectores distintos a la niñez, entregaron en septiembre del año pasado un informe sombra, Pérez García resaltó que en la sesión, “los expertos mostraron un amplio conocimiento de lo que ocurre en México, de la inequidad social y económica en que viven la niñez, y sostuvieron que el rostro de la pobreza tiene cara de niño porque el 53% viven en la pobreza”.
Al igual que el comité de la ONU para revisar el cumplimiento del convenio sobre discapacidad, apuntó, “los expertos también cuestionaron la existencia del uso mercantil del Teletón, y del uso de la lástima hacia los niños para la obtención de recursos, y de forma por demás inapropiada, los representantes del Estado defendieron al Teletón y en su nombre pidieron una reunión con los comités de la ONU sobre discapacidad y de niñez”.
Entre los temas por los que México fue cuestionado, apuntó, fue el incremento de la deportación de menores centroamericanos que huyen de la violencia y atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos.
“El representante del Instituto Nacional de Migración (INM) arrancó risas de los especialistas al decir que no se trataba de expulsión de menores sino que la institución aceleraba el reencuentro con sus familiares”, añadió Pérez García.
En la conferencia de prensa, defensores que participaron en el informe sombra advirtieron de la falta de voluntad política de incluir los temas de la infancia en la agenda nacional, a pesar de que expresiones de que la crisis de derechos humanos como la del homicidio de un niño a manos de adolescentes en Chihuahua.
Alfonso Poiré, de Save de Children, y Alicia Vargas del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, coincidieron en que el caso de Chihuahua es una muestra evidente de la falta de consideración de los efectos en la niñez de la política pública de seguridad, como la guerra contra el narcotráfico, así como la desatención a recomendaciones del mismo Comité sobre Derechos del Niño de la ONU, de la responsabilidad que el Estado mexicano tiene que asumir para combatir la incorporación de menores en el crimen organizado.
Aidé García, de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, expuso que otro de los temas desatendidos por el Estado mexicano tiene que ver con la violencia de género de las que son víctimas las niñas y adolescentes, como los abusos sexuales atribuidos a miembros del clero.
La activista destacó que 77% de las víctimas de abuso sexual son niñas, que 60% de los desaparecidos son mujeres de entre 12 y 17 años, “en tanto que de acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en esa entidad, cada año desaparecen 600 mujeres, de las cuales 60% tienen menos de 17 años”.
Isabel Fulda, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), apuntó que entre las graves deficiencias en la atención a los menores durante el gobierno de Peña Nieto, es la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de programas como la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, lanzada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en julio de 2014.
“Al igual que la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, esa Estrategia Integral, corre el riesgo de ser sólo un proyecto de papel, de ser inoperante ante la falta de voluntad política real de atención a la niñez y la infancia”, señaló.
Otros temas de preocupación que no han tenido respuesta adecuada del Estado mexicano, dijo, es la desatención a la recomendación del Comité de Derechos del Niño, sobre legislar para que evitar matrimonios de menores de edad, así como tomar medidas efectivas para la atención obstétrica para prevenir las muertes maternas, así como para facilitar el aborto en casos de abuso sexual.
Los defensores resaltaron que estarán pendientes del cumplimiento de las recomendaciones que haga el comité de expertos al Estado mexicano, en junio próximo, así como de la probable visita a México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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