Sin embargo, el caso está en el escritorio del magistrado -el mismo que fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en la terna para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, desde hace casi ocho meses y no tiene fecha para su discusión.
En tanto, Óscar está a punto de cumplir cinco años preso en el Reclusorio Oriente, en un dormitorio especial, junto con otros reclusos considerados como grupo vulnerable por su preferencia sexual.
De acuerdo con Leonardo Bastida, vocero de la asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana que acompaña la lucha del comunicólogo de 28 años, existe un retraso general en los asuntos que lleva el Quinto Tribunal, integrado también por Silvia Carrasco Corona y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.
No obstante, dice en entrevista con proceso.com.mx que el caso de Óscar sólo necesita la ratificación de lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): que hubo una clara violación al debido proceso, mezclado con tintes de discriminación por la orientación sexual del inculpado.
Por ello, este domingo 17 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, Letra S desplegó una campaña en redes sociales y pidió a las organizaciones civiles que en sus actos conmemorativos en distintos estados del país, hagan un llamado al ministro Hernández Orozco para revisar el caso y decretar la inmediata liberación de Óscar.
Con la etiqueta “#JusticiaParaOscarR”, la campaña pregunta: “¿Por qué está Óscar en prisión? Asesinan a su pareja y a él lo acusan de crimen pasional. Los prejuicios homofóbicos de fiscales y jueces lo condenaron”.
En otra etiqueta, acusa: “Un caso donde la #homofobia dictó sentencia”. Una más: “¿Víctima transexual = Crimen pasional? ¿Qué se puede esperar de autoridades judiciales que comparten los mismos prejuicios homofóbicos que los criminales?”.
Leonardo Bastida recuerda que en agosto de 2014 la SCJN publicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”.
Agrega que el caso de Óscar es una oportunidad de aplicar dicho protocolo. Asegura que, de decretar su libertad, sentaría precedente para tratar otros casos similares.
Según el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH), en los últimos 19 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian.
Realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana con base en reportes periodísticos de todo el país, el informe asegura que con estas cifras, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, sólo después de Brasil.
Los números apuntan al DF como la entidad donde más se presentaron estos homicidios, seguida del Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Yucatán.
El reporte advierte que en el país se corre el peligro de que “la violencia, la impunidad y la corrupción” que gira en torno a la investigación de estos crímenes en nuestro país vuelva “invisible” el problema.
El caso de Óscar
Desde la prisión, Óscar Manuel Ramírez Siordia estudia la licenciatura en Derecho, como parte de un programa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Su vida dio un vuelco completo el 6 de julio de 2010, cuando acudió a la casa de Jacobo, su pareja durante cinco años. Un rato después ambos salieron juntos del lugar. Óscar regresó porque olvidó algo y se encontró con su pareja acompañado de otro hombre a quien dijo que conoció por Internet.
Al día siguiente, acudió al departamento y encontró a Jacobo sin vida en la recámara. De inmediato llamó a sus familiares y a la policía, quien lo presentó como testigo en el Ministerio Público para describir al joven que estuvo por última vez con Jacobo. La autoridad le tomó la declaración y enseguida lo detuvo en calidad de presunto responsable del crimen.
El 3 de agosto siguiente, un juez le dictó auto de formal prisión por homicidio calificado. El 9 de agosto, la policía detuvo a Noé, un joven de 19 años que confesó haber asesinado a Jacobo por negarse a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, como acordaron por Internet. Luego de aplicarle una llave conocida como “mataleones”, se robó una computadora y un teléfono celular. El agresor dijo que actuó solo y que no conocía a Óscar. Pese a ello, la autoridad determinó que ambos lo asesinaron “con traición y ventaja”.
Para el 5 de enero de 2012, el Juzgado 49 Penal del Distrito Federal dictó sentencia definitiva contra Óscar y Noé y los condenó a 27 años y seis meses a cada uno; además, catalogó el hecho como un “crimen pasional”. Cuatro días después, los abogados de Óscar apelaron la sentencia, pero el 16 de abril el Tribunal Superior de Justicia del DF les negó el amparo y ratificó la sentencia.
En diciembre de 2013, a petición de la madre de Óscar, la asociación civil Letra S, así como la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económico (CIDE) asumieron su defensa legal.
Para julio de 2014, presentaron la demanda de juicio de amparo directo ante el tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal por violaciones a los derechos a un debido proceso y a la no discriminación, implicando la violación de los artículos 1, 14, 17 y 20 constitucionales. Argumentaron que hubo una violación indebida de las pruebas, una ilegal admisión de dictámenes periciales y discriminación y violación al principio de igualdad en función de la orientación sexual del procesado.
En una carta escrita en octubre del año pasado desde la celda donde se encuentra en el Reclusorio Oriente, Óscar aseguró que es víctima de “un sistema donde la presunción de inocencia no se respeta, el debido proceso no se cumple, la defensa no basta, los argumentos infundados del Ministerio Público tienen valor pleno y no se reconoce la igualdad jurídica a ninguna persona, incluida cualquier persona de la comunidad Lésbico, Gay Bisexual y Transexual (LGBT)… Que mi caso sea un ejemplo para evitar que otras personas, como yo, sean víctimas de sistema judicial homofóbico e ineficiente”.
En ese mismo mes, el Tribunal Colegiado admitió el amparo 415/2014 y lo turnó al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En enero de 2015, el CIDE solicitó a la SCJN atraer el expediente “por la relevancia emblemática del caso”. Sin embargo, los magistrados regresaron el caso al Quinto Tribunal pues dijeron que “las fallas del debido proceso fueron claras”.
Ahora, Óscar, sus familiares y su defensa, esperan el fallo de la autoridad presidida por el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco.
En el historial reciente de este magistrado destaca la polémica elaboración del proyecto de resolución de un amparo relacionado con la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo y los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de mil 900 millones de pesos.
Además, emitió una resolución contraria a la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso llamado “Operación Casa Blanca” en el que Washington acusó a empleados de bancos mexicanos de lavar dinero del narcotráfico. El juez liberó a los imputados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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