Las querellas fueron interpuestas ante la PGR en noviembre pasado, aunque apenas salieron a la luz pública, luego de que la semana pasada el Senado apoyara un punto de acuerdo para exhortar a la dependencia federal a que deslindara responsabilidades y, de ser necesario, emitiera órdenes de aprehensión en contra de los involucrados.
Es por ello que la ASF y su director jurídico, Ruperto Narváez Bellazetín, entregaron a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR al menos 78 hojas divididas en seis “denuncias de hechos” que incriminan a los candidatos del distrito de Martínez de la Torre, Edgar Spinoso (PVEM); del distrito de Xalapa Urbano, Adolfo Mota (PRI), y de la demarcación de Cosamaloapan, Tareck Abdala (PRI), por presuntamente “simular” el ingreso de recursos a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.
El ‘modus operandi’ era el siguiente: “Reintegraban recursos a la Federación, mandaban comprobación y volvían a sacar el recurso”.
“Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente lo volvían a retirar en dos transferencias”.
Las denuncias de hechos, en poder de Apro, se basan en los oficios DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 Y DGJ/C1/2228/2014 de la ASF.
La ASF explica a la PGR que una vez que los funcionarios de Veracruz “enviaban las comprobaciones” al gobierno federal y obtenían los “sellos de devolución”, el dinero era vuelto a retirar a través de otras cuentas del gobierno estatal mediante transferencias poco claras.
Los señalamientos alcanzan al exauditor del Órgano de Fiscalización y extitular de Sefiplan, Mauricio Audirac; el extesorero y actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Tomás Ruiz González, y el exoperador político priista y actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Gabriel de Antes, quienes al igual que los tres candidatos tenían acceso como “apoderados” o “accedientes” a las chequeras donde se transfirió el recurso.
Un caso aparte es el de Vicente Benítez, quien también es señalado en las querellas de la ASF.
Benítez, extesorero del gobierno de Duarte, fue cesado en las precampañas federales de 2012 cuando la PGR le abrió una investigación –de la que salió exonerado– por trasladar 25 millones de pesos en efectivo del aeropuerto de Xalapa a Toluca, en el Estado de México, recursos que políticos de oposición interpretaron que eran para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Hoy Benítez es oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tras ser reintegrado al gobierno en 2013, cuando Duarte lo hizo subsecretario de Desarrollo Social estatal.
Un ejemplo de la operación del “enjuague y traslado de recursos” es el siguiente:
En la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyo titular era Adolfo Mota Hernández, hoy candidato del PRI a la diputación rural de Xalapa, la ASF auditó 18 mil 343 millones, 87 mil pesos (97.9% de los recursos), en los que después de requerir a la CNBV y de cotejar y confrontar con las transferencias y reintegros que hizo el gobierno del estado, se detectó que el 17 de enero de 2012 se autorizó que la cuenta Santander (6550255805) diera “salida efectuada” a 124 millones 414 mil pesos.
De este último recurso, la ASF no encontró “elementos” que certifiquen su debida aplicación y destino, según deslindó la auditoría 224.
Otro rubro saqueado fue el correspondiente al Seguro Popular de Veracruz, pues de 2 mil 540 millones que fueron depositados para la entidad, la ASF exigió el “reintegro” de mil 602 millones, pues el recurso careció de una “correcta aplicación”, sin embargo, los funcionarios de Duarte entregaron “por partes” el reintegro.
Ante las irregularidades y extraños movimientos de cuentas bancarias, la ASF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los “movimientos bancarios” y también las cuentas a donde los funcionarios depositaban los “reintegros”.
En ese vaivén, la ASF no encontró el destino de 389 millones 550 mil pesos, depositados en la cuenta Banorte 0659075660, donde no se “reportó evidencia” del ejercicio del gasto público para el cumplimiento del programa del Seguro Popular.
En la “confrontación y cotejo de datos”, la ASF detectó que la administración estatal destinó los recursos para “otro fin” al etiquetado, por lo que resolvió que el gobierno de Veracruz sólo “simuló” los “reintegros” o incluso “retiraba” los recursos el mismo día que eran depositados, y al día siguiente se “depositaban” en otra cuenta, ajena al gobierno del estado y sin poder ser detectada ni por la propia CNBV.
“Lo anterior hace presumir que servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz simularon el reintegro del recurso señalado por esta entidad de fiscalización”, se advierte en las querellas.
Otro botón de muestra de la corrupción fue el manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, donde se “esfumaron” 10 millones 54 mil pesos en el traslado de la cuenta BBVA Bancomer (700034087340) a una cuenta Banamex.
También en este caso la ASF concluyó que hubo un “esquema de simulación” por parte del gobierno de Veracruz sobre reintegro de recursos a la Federación el 3 de septiembre de 2012, pero 20 días después fue vuelto a sacar y ya no se conoció el destino del dinero.
El resto de las irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación a la PGR son similares.
Finalmente, las seis denuncias fueron dirigidas a Gerardo Raymundo Arizaga Cortés, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR y con copia al entonces procurador general Jesús Murillo Karam.
A la fecha, funcionarios y empleados de la dependencia federal ya han citado a declarar a colaboradores de Duarte, pero el deslinde de responsabilidades se ha mantenido en total hermetismo.
La semana anterior, el senador panista Fernando Yunes denunció el presunto desvío de recursos por cerca de 4 mil 600 millones de pesos, acción en las que estarían implicados tanto colaboradores de Duarte como de Fidel Herrera, e incluso tres candidatos a las diputaciones federales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
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