Frente a este reportaje publicado en el portal aristeguinoticias.com, el ex comisionado para la paz en Michoacán, el mal logrado ex procurador del Estado de México Alfredo Castillo, vuelve a negar los hechos y se esconde tras su nuevo puesto burocrático (seguramente se lo dieron por ser experto en hacer de la falsedad un deporte).
No es de sorprender que Castillo mienta, se equivoque y vuelva a mentir, ya lo hizo hace años con el ominoso caso de la pequeña Paulette, la niña asesinada cuyo cadáver no localizó el equipo de Castillo y que días más tarde apareció como por obra de magia bajo el colchón sin que el procurador dudase de los resultados de las pesquisas.
Ese es otro hecho contundente: Castillo es un funcionario público acostumbrado a falsificar testimonios oficiales para ocultar su ineficiencia, acostumbrado a adulterar la evidencia para justificar su ineptitud y con ello fortalecer la impunidad. Lo que en realidad frustra a la sociedad es que los dichos de un mediocre servidor público se antepongan frente a los hechos concretos de una masacre con claros tintes de limpieza social ejecutada por autoridades mexicanas. Ante lo evidente sigue preguntar lo importante ¿quién dio las órdenes a los policías federales de ultimar a los miembros de la Fuerza Rural que meses antes fueran reconocidos por el comisionado Castillo? ¿por qué tanto analistas políticos de medios de comunicación decidieron ignorar la masacre de Apatzingán? Acaso podremos demostrar que esta masacre es parte de una estrategia iniciada desde tiempos de la guerra calderonista, y de ser así, estos asesinatos se suman a los crímenes de Estado que deben ser demostrados frente a tribunales internacionales. La fallida guerra calderonista sigue tan viva como antes, pero a diferencia del sexenio panista Peña Nieto ha optado por fortalecer la simulación de negociación de conflictos que permitiría que las fuerzas rurales trabajen contra el narcoestado. Esta simulación tranquiliza controla temporalmente y divide a los grupos civiles rurales hastiados de la violencia generada por la ingobernabilidad que abre las puerta a gobiernos municipales paralelos operados por la delincuencia organizada. Si esto puede demostrarse jurídicamente, la comunidad internacional podrá comprender por qué nacen nuevos cárteles y la inseguridad crece en lugar de debilitarse.
A las y los reporteros nos corresponde documentar hechos reales; buscar la historia, entrevistar a tantas personas involucradas y testigos como sea posible, contrastar las fuentes, entender el contexto en que se dan los hechos y narrarlos tal como son. Eso hizo la colega Laura Castellanos con el caso Apatzingán, sin embargo, como en cientos de casos en que las autoridades quedan en entredicho frente a crímenes de Estado y violaciones a los derechos humanos, los políticos y servidores públicos se convierten en una suerte de charlatanes de la justicia. Para la prensa son claros los casos en que las declaraciones mentirosas de los representantes del gobierno abonan a la impunidad. Todos, o su mayoría, están documentados, grabados en video y voz; ya son parte de la historia reciente.
La prensa mexicana que no se ha sometido al poder político es la gran aliada de la sociedad civil; no es casualidad que las amenazas desgasten a reporteras y reporteros, o que el sitio de Aristegui Noticias haya sido derribado por un ataque cibernético luego de subir esta nota y sus videos hace unos días. Lo que sorprendió es que los editores, incluso de medios que se consideran libres, hayan ignorado con tal flagrancia el reportaje #FueronLosFederales que rebela la masacre de Apatzingán, porque muestra en realidad a quién protege el ex comisionado Castillo. Ahora queda responder la pregunta ¿quién dio las órdenes a los federales que cometieron un crimen? ¿quién saboteó al medio que nos dio a conocer esta historia?
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.
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