Primero. La Reforma Anticorrupción tiene lugar justo en pleno proceso electoral federal y local en varias entidades del país. El descrédito de los políticos está fuera de duda. La aprobación de una reforma constitucional sobre Anticorrupción fue la estrategia pluripartidista para vender la percepción a la opinión pública que se actúa para enfrentar el tema, de ahí el respaldo amplio entre las fracciones parlamentarias, salvo honrosas excepciones. El problema es que es eso; sólo una percepción, no una realidad efectiva.
Segundo. La reforma constitucional Anticorrupción deja intocada la figura del presidente de la República, sólo sujeto a dos hipótesis para ser procesado: a) Traición a la patria, cuyo tipo penal es poco menos que imposible acreditar y b) Delitos graves del orden común, cuyo título ha desaparecido del Código Penal.
En síntesis, no hay en esta reforma ninguna medida para evitar que el presidente de la República incurra en corrupción y sí permite que el abuso del ejercicio de poder quede sin ser sancionado. Un caso como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa si el sistema Anticorrupción se hubiera dado sin ninguna sanción porque no se reguló esa hipótesis de alta corrupción.
Tercero. Fue precisamente la corrupción en la que incurrió el Presidente, su familia y su secretario de Hacienda quienes generaron, con sus conductas, la necesidad en el círculo rojo de hacer algo en esta materia. Paradójicamente, los responsables de los principales actos de corrupción no tuvieron una sola referencia legal Anticorrupción y, en realidad, se asiste a un acto de simulación, otro más, para manipular a la opinión pública.
Cuarto. La palabra clave de la corrupción fue el conflicto de interés, que la clase política debió aprender como parte de un control de daños que nunca fue efectivo. Lo absurdo es que el vocablo conflicto de interés razón y justificación, en buena medida, de la reforma constitucional comentada no fue incluida en la citada reforma. Ni una sola mención a esta expresión que, como dice la senadora Dolores Padierna ha quedado proscrita en el lenguaje del poder. Dicho sea de paso, la senadora Padierna fue una de las poquísimas expresiones de anteponer el interés general a criterios de ventaja política y fue la que mejor dio una batalla argumental sólida en la tribuna del Senado. Es de la excepciones que confirman la regla de que no todos los políticos son corruptos.
Quinto. La propia senadora Padierna sintetizó el problema: “Se requería un cambio de 5 kilómetros y se hizo uno de cinco milímetros. Duro, pero cierto. Ese es el tamaño de lo que debió hacerse y no se hizo. Peor aun como una concesión graciosa los ilícitos administrativos – no penales que no fueron extrañamente normados- pasaron de una prescripción de cinco a siete años. En las sociedades democráticas este periodo abarca en promedio 15 años.
Sexto. La figura del fuero previsto en el artículo 108 constitucional tuvo como finalidad proteger la libertad de expresión de los legisladores para evitar ser enjuiciados por sus palabras en tribuna desde la Constitución de 1917. Esa figura se mal formó al transcurso del tiempo para convertirse en lo que es ahora, garante de impunidad. Al no tocar esta figura se deja intacto ese conspicuo instrumento para hacer frente sin problemas a delitos y/o ilícitos cometidos por una amplia red de políticos que buscan espacios en el Congreso para gozar privilegios que constituyen, en sí mismos, actos de corrupción.
Séptimo. La reforma constitucional incluye lo que ya existe en la ley desde los 80´s: la declaración patrimonial y agrega la figura de la declaración de interés. Lo hace, empero, bajo protesta de decir verdad; es decir, no se revisará si lo que dice el servidor público y lo que declara coincide en los hechos. Peor aún, esta información no está sujeta al principio de máxima publicidad, ni siquiera a la mínima.
Octavo. La participación más activa del Congreso de la Unión para ratificar a los órganos de control del Ejecutivo y al secretario del tema, no garantiza nada. Más aún, genera un nuevo reparto de cuotas o mecanismos de incentivos económicos para que los legisladores aprueben a los propuestos sin mayor debate, porque son los mismos de siempre con las mañas que todos les conocemos.
Noveno. En nombre de la Anticorrupción se creará una nueva estructura burocrática, la Fiscalía Anticorrupción que, en modo alguno, combatirá la corrupción, sino que generará incentivos para repartir espacios ensanchando la burocracia sin garantía alguna, en perjuicio de los recursos del pueblo. La Auditoría Superior de la Federación tendrá algunas nuevas atribuciones, pero se queda sólo en la mera recomendación igual que ahora. En todo caso, podrá presentar denuncias de hecho, pero al no reformar la figura del Procurador General de la República eso está destinado a actuar sólo en aquellos casos donde, no por la corrupción, sino debido a las revanchas políticas tengan lugar para justificar su existencia.
Décimo. La reforma constitucional se queda en una mera ilusión óptica que no resuelve los problemas de fondo ni de forma siquiera. Eventualmente podrá sancionar la corrupción minúscula, pero no la de los altos niveles de gobierno. Y todo lo anterior habrá de esperar largos años, porque México no es, todos los sabemos, un Estado de derecho. De esta suerte, si se cumpliera y aplicara la ley sus efectos serían de largo plazo. En la impunidad tan nuestra en la clase política eso se prolonga al infinito. Como diría Lampedusa en su obra El Gatopardo “”Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”. Una de esas batallas que se libran para que todo siga como está”. No hay, a final de cuentas, nada que festejar y mucho que lamentar porque se ha perdido una oportunidad de avanzar más allá de los cinco milímetros Dolores Padierna dixit.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS)
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