La ausencia de esos contenidos impide saber cuál es el cargo y las funciones que desempeñan 459 servidores públicos bajo la nómina presidencial.
A partir de una consulta al POT, se pudo observar que hay 117 jefes de departamento, 115 subdirectores de área, 99 directores de área, 36 directores generales adjuntos, 26 directores generales y 5 jefes de unidad administrativa, cuyo cargo oficial y funciones se desconocen.
La búsqueda incluyó la ficha temporal que despliega cada nombre, la descarga de ésta y la colocación en el directorio de la clave presupuestal, sin que en ningún caso se haya podido conocer el puesto.
Desde el 1 de diciembre de 2012, por ejemplo, la información que debe desplegarse en la sección “Estructura Orgánica” sólo exhibe los cargos de los colaboradores cercanos del mandatario, pero en el resto de sus directorios sólo se expresan jerarquías, tales como Director General, Subdirector General, Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Jefe de Unidad.
La opacidad ocurre en todas las áreas de la Presidencia de la República, excepto por 29 puestos, incluido el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores más cercanos.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente hasta hace unos días cuando fue promulgada la reforma en la materia, el artículo 7 expresaba como primera obligación la publicación de los cargos públicos:
Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:
“I. Su estructura orgánica”
En diciembre de 2013, Apro consultó al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a fin de saber si la estructura orgánica era susceptible de evaluación en los indicadores de cumplimiento de obligaciones mínimas que el organismo realiza cada año.
La respuesta fue que sí, pero que con el arranque de gobierno, la Oficina de la Presidencia se había sometido a un proceso de reestructuración institucional, de manera que estaban a la espera del nuevo organigrama.
Un ejemplo de la opacidad es la Oficina de la Presidencia, que sólo identifica con su cargo al Jefe de la Oficina y al Director de Estrategia y Mensaje Gubernamental, con sus respectivos titulares Aurelio Nuño Mayer y Andrés Massieu Fernández, información que es inexacta.
El pasado jueves 30 de abril, la Presidencia emitió un comunicado informando que se habían reformado diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia, con lo que desaparecería la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental y la Coordinación de Vinculación, cuyas funciones se reasignarían a otras unidades administrativas.
Las funciones de esas dos áreas se reasignarían a una nueva Coordinación General de la Oficina de la Presidencia y se crearía también la Coordinación General de Marca País y Medios Internacionales.
Con lo anterior, dos de las 29 áreas que sí están identificadas en el POT, desaparecieron desde hace una semana según el comunicado oficial, y por otra parte, las nuevas áreas no han sido colocadas en dicho portal de acceso a la información mínima.
Desde su campaña electoral, el presidente Peña Nieto se comprometió, a través de su Manifiesto por una Presidencia Democrática, emitido en mayo de 2012 en respuesta a las protestas del Movimiento #yosoy132, a impulsar la transparencia. Ya como presidente electo, presentó una iniciativa reforma a la Ley de Transparencia que no prosperó.
Hace unas semanas, luego de dos años de deliberaciones, se generó la reforma en la materia que, el pasado lunes 4 de mayo, fue promulgada por el mandatario.
Durante su mensaje, el titular del Poder Ejecutivo dijo que había iniciado una nueva etapa para la transparencia en el país y expresó:
“La transparencia sin duda fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público. La transparencia ayuda a prevenir y combatir la corrupción, promueve la responsabilidad y eficacia en la gestión pública, empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles rendir cuentas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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