Después de recibir las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia sobre la cuenta pública 2013, el auditor sostuvo que se requiere atacar ese fenómeno a través del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo en los puntos de riesgo donde se facilita que haya desvíos tan grandes en el gasto público.
Dijo que por las irregularidades de la cuenta pública 2013 aún no hay funcionarios denunciados, pero hay mucha gente que va a estar. Al respecto, informó que la ASF prepara denuncias, en especial de los casos en que ya se cuenta con elementos de probable daño a la hacienda pública federal.
Portal Martínez consideró que una de las áreas a atacar es la de adquisiciones de obras públicas, sobre todo porque existen huecos que permiten desvío de recursos, porque se avalan contrataciones sin licitación –figura de la que se ha abusado entre entes públicos.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Erwin Arriola (PRD), sostuvo que la corrupción y la impunidad permanecen muy arraigadas, porque la falta de seguimiento se traduce en ausencia de castigo a los responsables, y la fiscalización del ejercicio del presupuesto se reduce a una recapitulación de incumplimientos y problemas de la administración pública.
Citó por ejemplo la renuncia obligada a la Secretaría de Comunicaciones del estado de México de Apolinar Mena Vargas, por solicitar y aceptar que la empresa española OHL le pagara su estancia y de su familia en un hotel de lujo en la Riviera Maya.
Mena Vargas, dijo, se vio involucrado, junto con altos directivos de OHL, en un fraude en la concesión del Viaducto Bicentenario en esa entidad, sacando provecho de su posición de funcionario público con información privilegiada.
Asimismo, respecto de la solicitud de la comisión para que la ASF fiscalice las reformas estructurales aprobadas por la 62 Legislatura, Portal Martínez explicó que los resultados de esa revisión llevarán varios años, debido a que la aplicación de los cambios está en proceso.
La ASF realizará revisiones que aporten información para conocer el desarrollo de la ejecución de dichas reformas. No obstante, una visión integral de sus efectos se podrá apreciar después de varios años de fiscalización, indicó.
El auditor expuso que más allá del matiz político y de la distorsión en que se incurre cuando se adopta una postura de superioridad moral, sí existe una inquietud legítima, compartida por una parte representativa de la opinión pública, de que persiste un componente de impunidad no atendido.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
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