“Una fianza como ésta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, dijo y añadió que existen mecanismos judiciales para que pueda reconsiderarse.
Si bien señaló que el Conapred no puede intervenir en este caso debido a que hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que ha dialogado con gente de este organismo autónomo y ha ofrecido el apoyo que se requiera en caso de que haya discriminación.
Sin embargo, consideró que los jornaleros viven una “discriminación múltiple”, pues casi todas son indígenas que están fuera de su territorio, no tienen igualdad de condiciones para negociar con los empleadores, y otras situaciones de vulnerabilidad que los pone en mayor riesgo.
“Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”, opinó.
El asunto, abundó, requiere “una atención especial por parte de las autoridades que van a dirimir el conflicto tanto en derechos laborales, como incluso ahora de acceso a la justicia, la detención y la fianza que han solicitado a los jornaleros agrícolas que fueron detenidos en las protestas”.
Además, dijo, las autoridades federales y locales tienen la responsabilidad de impulsar y lograr un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
Reanudan reuniones con el gobierno }
Este miércoles, cuatro días después de los enfrentamientos que dejaron decenas de heridos, los jornaleros retomaron el diálogo con las autoridades federales, aunque sin la presencia del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, por “razones de salud.
En la reunión, los jornaleros solicitaron el cumplimiento de sus demandas; liberación de cuatro de los detenidos el sábado pasado durante un enfrentamiento en la colonia Lomas de San Ramón, de San Quintín, y fijar un salario mínimo de 200 pesos para los jornaleros, además de pagos extras por cubeta de fresa, entre otros productos.
La reunión inició con un retraso de casi dos horas y la ausencia del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, quien se excusó por motivos de salud e informó que se encuentra hospitalizado.
El retraso se debió al cambio de sede de la reunión que originalmente se realizaría en San Quintín. De última hora se cambió a Ensenada, a la sede de la Administración Portuaria Integral (API) y los jornaleros debieron viajar en autobuses que fueron seguido por 20 automóviles y patrullas de la Policía Federal que escoltaron la caravana a petición de los líderes del movimiento.
Una comisión de 100 jornaleros encabezados por cinco voceros ingresó al lugar del encuentro, junto con David Garay, titular de la unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, así como representantes de la Secretaría del Trabajo y del gobierno del estado.
Desde temprana hora se informó que Luis Enrique Miranda no asistiría a la reunión con jornaleros de la región de San Quintín, en Baja California, porque se encontraba hospitalizado.
En su lugar asistió David Garay, titular de la Unidad de Gobierno de la SG, así como enviados de la Secretaría del Trabajo y representantes del gobierno federal.
Al cierre de esta edición el diálogo continuaba sin visos de algún acuerdo. Decenas de jornaleros permanecían afuera de la sede de la API, en espera de noticias.
El 24 de abril pasado autoridades de los gobiernos federal y estatal se reunieron para tratar de llegar a una solución a las demandas de los jornaleros agrícolas.
Según los trabajadores se acordó un nuevo encuentro el 8 de mayo, mismo día en que fueron atacados por policías de Baja California y algunos de ellos encarcelados. Las autoridades federales afirmaron que la cita estaba programada para este miércoles.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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