“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y Casa Guerrero”, expresó el profesor José Díaz Navarro, quien reprochó la criminal indolencia gubernamental frente a este caso porque autoridades de los tres niveles permitieron operar impunemente al grupo delictivo que dirige la familia del representante del Poder Legislativo en la entidad.
Lo anterior durante una reunión entre familiares de desaparecidos y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Godínez Muñoz, realizada esta tarde en el tradicional restaurante Casa Pilla en el centro de la ciudad de Chilapa, donde el funcionario estatal anunció que van a citar a los comisarios que iban al frente del grupo armado para que declaren sobre este caso que vuelve a exhibir los presuntos nexos de autoridades y políticos con la delincuencia.
Godínez Muñoz dijo que abrieron una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de 17 jóvenes del 9 al 14 de este mes, periodo donde más de 300 personas armadas tomaron el control de la cabecera municipal, instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron por la fuerza a una treintena de jóvenes frente a la mirada complaciente de soldados y policías federales y estatales.
Los representantes del grupo armado procedentes de comunidades de Chilapa informaron que su objetivo era la captura del líder de la banda de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro, a quien responsabilizaron de la ola de violencia que ha dejado una estela de muerte y terror en este lugar de la región Centro donde grupos criminales se disputan a sangre y fuego las zonas de producción y trasiego de heroína.
Durante el encuentro con el fiscal, los familiares de las víctimas reprocharon la omisión de las autoridades que permitieron operar al grupo armado durante cinco días y anunciaron que acudirán ante instancias internacionales para denunciar al gobierno mexicano por este hecho que fue comparado con el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por ello, exigieron resultados al fiscal para liberar a las víctimas que afirman, fueron retenidos por el grupo de Los Ardillos que dirige Celso Ortega Jiménez La vela, hermano del presidente del Congreso estatal.
En tono molesto, algunos de los familiares reprocharon la indiferencia de las autoridades frente a la ola de violencia que se vive en Chilapa, donde han registrado al menos cien homicidios y decenas de desaparecidos desde mediados del año pasado a la fecha.
También, responsabilizaron al gobernador Rogelio Ortega y al presidente del Congreso, Bernardo Ortega de la desaparición de personas durante los cinco días que el grupo armado asumió el control de la cabecera municipal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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