MÉXICO, D.F: La Fiscalía General del estado (FGE) de Guerrero citó a comisarios ejidales para que declaren ante el Ministerio Público sobre los hechos ocurridos en Chilapa entre el 9 y el 14 de mayo, cuando un grupo de civiles desarmó a los policías, tomó las patrullas y detuvo a varias personas.
“Todos en general están siendo investigados”, aseguró el fiscal Miguel Ángel Godínez en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.
Luego de conocerse que el grupo de civiles armados que tomó el municipio estuvo encabezado por al menos 14 comisarios ejidales de poblaciones pertenecientes a Chilapa –zona disputada por Los Rojos y Los Ardillos–, el funcionario estatal aseguró que personal de la dependencia a su cargo acudió a entregar los citatorios, pero que encontraron cerradas las comisarías.
“Fuimos a los domicilios. Ya hemos notificado por medio de los familiares y de los presidentes municipales a los comisarios para que se presenten a declarar al Ministerio Público”, apuntó.
Sobre la presunta relación de alguno de esos comisarios con Los Rojos o Los Ardillos, Godínez comentó: “Es parte de la investigación, tenemos indicios… Tengo que fundamentar mi dicho… Es línea de investigación”.
Al respecto, el comisario ejidal de Xiloxuchicán, Guerrero, José Apolonio Villanueva Jiménez, negó pertenecer al grupo criminal de Los Ardillos y confesó que en la incursión armada que hizo junto con otros comisarios a Chilapa detuvieron a varias personas, pero las entregaron a la Gendarmería y a la Policía, y hasta la fecha no han aparecido.
“Sí (los detuvimos), pero jamás a nadie le hicimos daño. Se detuvieron algunas personas y se llevaron con los cuerpos de Policía, que es la Gendarmería, el oficial que se puso del estado”.
Añadió: “Se detuvieron porque se encontraron con celulares que decían que ahí entregaban a la gente del pueblo. Ellos mismos declararon que pertenecían a esa banda de Los Rojos”.
Villanueva argumentó que la incursión armada a la cabecera municipal de Chilapa fue porque buscaban al presidente municipal, Francisco Javier García, por las “injusticias” que, dijo, vive la gente del lugar a manos de la delincuencia, y acusó al funcionario de pertenecer a la banda de Los Rojos.
“Fuimos por las injusticias. Tenemos pruebas. Tenemos gente que se ha escapado de esos grupos (delincuenciales). Fueron agarrados por esas personas, pero por mucha suerte escaparon”.
Según el comisario ejidal de Xiloxuchicán, “no es mucha gente la que anda haciendo los males, son de 10 a 15 personas. Gozan de libertad y las autoridades los apoyan (…) Delante de policías hacen anomalías y tienen protección del presidente municipal. Nos paga con agarrarnos gente, torturándolas y hasta matándolas… Él (el alcalde) protege a Los Rojos junto con Zenén Nava Sánchez”, aseguró.
Confirma muerte de un desaparecido
La FGE confirmó la muerte de Gilberto Abundis Sánchez, una de las 16 personas denunciadas como desaparecidas en Chilapa.
Mediante un comunicado, la dependencia destacó que las pruebas genéticas de uno de los tres cuerpos encontrados el pasado jueves 21 en la comunidad de Nejapa, corresponden 99% con los datos de los padres de uno de los desaparecidos.
La FGE no mencionó el nombre, pero familiares y compañeros de Abundis Sánchez confirmaron que se trataba del estudiantes de Artes Visuales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Luego de ver una fotografía en un periódico, la hermana de Gilberto reconoció en la espalda de uno de los cuerpos encontrados, un tatuaje similar al que aquel tenía, por lo que la familia se trasladó a Chilpancingo para aportar el material biológico que ayudó a la identificación.
El cuerpo de Abundis Sánchez fue localizado junto a otros dos, cerca del panteón. Los tres estaban desollados y en avanzado estado de descomposición.
Ayer, funcionarios de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se reunieron con 20 familiares de las personas presuntamente desaparecidas en Chilapa.
La reunión se realizó con la presencia de integrantes de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Nacional de los Derechos Humanos, así como de autoridades estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la FGE.
El titular de la CEAV, Julio Hernández Barros, presentó un plan de atención integral que contempla un programa de intervención psicológica, un registro nacional de víctimas, acceso a fondo de reparación, así como un mecanismo de trabajo social, que se realizará en coordinación con las secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública de la entidad, además de que se ofrecerá acompañamiento jurídico y atención médica.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, se reunirán en los próximos días con los familiares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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