Como se preveía, al paso de los años, el Poder Judicial está dejando claro ante la opinión pública los abusos cometidos por su gobierno.
La exhibición más reciente ocurrió el pasado miércoles con la absolución de los cuatro inculpados del atentado narcoterrorista contra la población civil, la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán.
El ataque, que dejó ocho muertos y más de cien heridos, fue la primera respuesta de magnitud a la declaratoria de guerra de Calderón a los narcotraficantes.
Contundente, el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, con sede en el penal de alta seguridad de Puente Grande, absolvió a los cuatro acusados bajo el argumento de graves violaciones a sus derechos humanos.
Además de la tortura, el gobierno calderonista se valió de pruebas falsas y testigos pagados. En su resolución, el juez exhibió lo que fue un modus operandi de ese gobierno.
Tres de los acusados pasaron casi siete años de prisión y fueron entregados por la propia delincuencia en una operación encubierta encabezada por el general retirado Arturo Acosta Chaparro, especialista en guerra sucia, en una encomienda del gobierno de Calderón.
Los tres fueron torturados y exhibidos como integrantes del grupo de Los Zetas por la entonces subprocuradora de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), hoy SEIDO, Marisela Morales. El cuarto acusado fue Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, detenido en septiembre de 2012, cuando el gobierno de Calderón llegaba a su fin. El Coss fue acusado como autor intelectual.
Ahora cónsul de México en Milán, Italia, Marisela Morales goza de la protección del gobierno de Peña Nieto en lo que parece un acuerdo tácito con Calderón para dejarla a salvo de cualquier responsabilidad.
En su gestión como subprocuradora y luego titular de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron muchos los agravios cometidos contra funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos comunes en el afán de dar resultados en esa guerra que se prolonga hasta ahora, aunque el actual mandatario evite referirse a ella.
El jefe de Marisela Morales, como procurador General de la República era nada menos que el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora; colocado en ese espacio de protección también por el propio Peña Nieto.
Medina Mora y Marisela Morales fueron además los responsables del fiasco llamado “Manos Limpias”, la supuesta operación limpieza emprendida en la propia PGR ante la infiltración del narcotráfico.
Prácticamente todos los acusados, entonces funcionarios y agentes de la PGR, ya fueron absueltos por la justicia federal. Fueron encarcelados sin más pruebas que los dichos de testigos protegidos que declaraban lo que el gobierno de Calderón quería escuchar.
En ambos casos, las afectaciones a los acusados han sido de todo orden y Calderón todavía sale públicamente a criticar a los jueces, a quienes tilda de hiper garantistas.
Torturados o no, fueron ellos, declaró Calderón en Radio Fórmula la mañana del jueves ante la liberación de los acusados de los granadazos. Su gobierno consintió y se valió de la tortura para armar casos que demostraran la eficacia de su gobierno en el combate a la delincuencia.
Esa es una de las razones por las que la Corte Penal Internacional aún mantiene en estudio dos denuncias que hay en su contra por delitos de lesa humanidad. El gobierno de Peña Nieto está presionando para que las acusaciones no prosperen.
Lo hace no sólo por Calderón, sino porque él mismo podría ser denunciado ante los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado disfrazados como enfrentamientos, como ocurrió en Tlatlaya, estado de México.
La complicidad no sólo impide que se finquen responsabilidades contra quienes abusan del poder, pero también es la garantía de no llegar a la verdad, como en el caso del atentado en Morelia y de la infiltración del narcotráfico en la PGR durante el gobierno de Calderón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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