El ministro Luis María Aguilar, presidente del Poder Judicial de la Federación, enfrenta su primer escándalo de corrupción en su gestión como titular del Consejo de la Judicatura Federal.
A su antecesor en el cargo, Juan Silva Meza, le tocaron los casos más graves de corrupción que hayan involucrado a magistrados y jueces federales del PJF.
Los nexos de los funcionarios federales con casineros fue el tema que originó estas denuncias que pusieron en el ojo del huracán al PJF. Hoy son los audios de directivos de la empresa OHL y su presunta red de sobornos a autoridades la que salpica al máximo órgano de administración de la justicia nacional.
El martes se filtró al canal de videos You Tube grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL donde se habla de la necesidad de pagar sobornos a magistrados para conseguir fallos favorables en sus recursos legales.
Los audios –difundidos de manera anónima- involucran presuntamente a Pablo Wallentin, director de Relaciones Públicas de OHL de México y a Gerardo Fernández, director jurídico de OHL México.
“¿Cuánto hay que darle a los magistrados?”, pregunta Wallentin a Fernández.
El director jurídico de OHL le responde: “Yo creo que una manita…¿no?”.
Wallentin acepta.
“Sí, entonces, tu habla hoy con Oteyza (presidente de OHL México). Anda de muy buen humor hoy”.
En otra conversación el tema de los pagos a los magistrados es retomado por los directivos de OHL.
“Los magistrados sí en los términos que dijiste”, le comunica Wallentin a Fernández.
“Yo no le puedo dar al magistrado el cheque…¿entonces como quieres que lo hagamos?”. El director jurídico le responde:
“No, no pues no hay otra forma. O se hace como siempre o no hay otra forma”.
La renuncia
Hace dos semanas un primer audio difundido entre directivos de OHL provocó la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México Apolinar Mena Vargas.
El funcionario mexiquense renunció tras la divulgación de un audio solicitando favores a representantes de OHL.
Los magistrados y jueces federales han estado bajo sospecha por corrupción principalmente con casineros y hasta por sus nexos con el crimen organizado.
El Consejo de la Judicatura Federal –órgano responsable del Poder Judicial de la Federación- ha suspendido desde secretarios hasta magistrados para investigarlos por presuntos actos de corrupción.
Enriquecimiento ilícito
El año pasado el Consejo de la Judicatura Federal denunció ante la PGR al juez Luis Armando Jerezano por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
De acuerdo a la denuncia de la CJF, a Jerezano se le encontraron cuentas y pagos hasta por 26 millones de pesos los cuales el funcionario no pudo comprobar.
Jerezano fue suspendido desde el año 2011 por favorecer con sus amparos –cuando se desempeñaba como juez en la ciudad de Torreón- a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta.
Esta empresa operadora de centros de apuestas estuvo vinculada el abogado Eliseo Martínez, que fue ejecutado hace dos años en el municipio de San Pedro Garza García.
En un audio que publicó Reporte Indigo hace tres años, Jerezano reconoce que formaba parte de un grupo de la delincuencia organizada que pretendía hacerse del control de un casino en Monterrey.
También el año pasado el periódico El Universal reprodujo audios que demostraban negociaciones entre magistrados y jueces y el abogado de Juan José Rojas Cardona, dueño de casinos y casas de apuestas en México.
El funcionario implicado fue Eduardo Ochoa Torres, magistrado de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del estado en Nuevo León.
En el audio se vinculaba a este magistrado con Francisco Salazar, abogado de la empresa Emex propiedad de los hermanos Rojas Cardona.
El magistrado fue grabado hablando con el abogado casinero y platicando de favores y cultivando relaciones públicas.
De la conversación se desprende que Ochoa Torres fue el vínculo con el abogado de Rojas Cardona para conectarlo con otros jueces federales.
Ese magistrado fue captado también por las cámaras de seguridad en un viaje que realizó a la ciudad de Las Vegas, en una avionenta privada.
El Consejo de la Judicatura Federal presentó una denuncia penal donde se menciona no sólo a Ochoa Torres, sino también al magistrado José Manuel Rodríguez Puerto, y Javier Rubén Lozano Martínez, quien se desempeñaba como Juez Segundo en Materia Administrativa en Nuevo León.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
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