Las víctimas que portaban carteles con imágenes de los desaparecidos y una lona con un mensaje en contra del proceso electoral, señalaron que “gane quien gane” en las elecciones del próximo domingo 7 de junio, el escenario de violencia en este lugar no va a cambiar si las autoridades no atacan el problema de fondo.
Las víctimas afirmaron que Bernardo Ortega junto al gobernador provisional, Rogelio Ortega Martínez, están brindando protección política a la banda criminal de Los Ardillos, por ello, las autoridades no realizan ningún operativo en el municipio de Quechultenango, considerado como el bastión de Los Ardillos, así como en las comunidades de Chilapa que participaron en la toma de la cabecera del sábado 9 al jueves 14.
“Queremos que se investigue el nivel de participación de la familia de Bernardo Ortega en la desaparición de personas y la protección oficial a los comisarios que siguen amenazando con volver a sitiar Chilapa”, expresó el profesor José Díaz Navarro, vocero de los familiares de los 14 jóvenes que fueron detenidos por Los Ardillos durante la acción concertada con autoridades civiles y militares.
Lo anterior en conferencia después de la reunión privada que sostuvieron las víctimas con el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa y el comisionado general de los Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, en la sede del seminario católico ubicado en el barrio de San José de esta levítica ciudad.
Al respecto, Campa informó que el único avance que tiene el gobierno federal a más de dos semanas del hecho, es que un joven desaparecido en marzo fue encontrado muerto la semana pasada.
Mientras que el jefe de la PF, Enrique Galindo justificó la inacción de la corporación, argumentando que los policías federales de la división Gendarmería no intervinieron porque eran 20 elementos y de esta forma se evitó una tragedia.
Ambos funcionarios señalaron que existen 11 líneas de investigación y pidieron paciencia a los familiares de las víctimas.
Al respecto, el vocero de los familiares de los 14 desaparecidos durante la irrupción de Los Ardillos en la cabecera, lamentó que la lista de víctimas va en aumento.
El profesor Díaz Navarro informó que se sumaron tres casos más a la lista de 16 que tienen registrados hasta la fecha: se trata de Roberto Santos Cruz, de 24 años y Juan Santos Santiago, de 19, ambos originarios de la comunidad de El Terrero uno, anexo de San Jerónimo Papantla, quienes desaparecieron en la cabecera el 30 de diciembre y hasta el momento se desconoce su paradero.
Así como Miguel Sánchez Mateos, un albañil de 24 años que desapareció el 12 de diciembre.
José Díaz criticó los nexos de autoridades con el narco y señaló que en la próxima elección del 7 de junio “gane quien gane, el escenario de violencia no va a cambiar”.
Por ello, los familiares de los desaparecidos exigieron a los representantes del gobierno federal que investigue al diputado local perredista Bernardo Ortega por sus presuntos nexos con el narco.
También, hicieron un llamado al dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete para que se reúna con los familiares de los desaparecidos porque en caso de que los jóvenes retenidos por el grupo de Los Ardillos aparezcan muertos, “al rato se van a deslindar de Bernardo Ortega”.
El vocero demandó a Navarrete que venga a dar la cara por Bernardo Ortega, así como por la candidata a gobernadora, Beatriz Mojica y el candidato por este partido a presidente municipal, Miguel Cantorán, a quienes responsabilizaron por la desaparición de los jóvenes por tener vínculos políticos con el presidente del Congreso estatal.
Díaz Navarro hizo un llamado a las autoridades para que no se reedite el caso Ayotzinapa y afirmó que el problema de violencia en Chilapa es político porque están involucrados personajes de distintos partidos que ostentan cargos públicos como los alcaldes de este municipio, así como Ahuacuotzingo y Zitlala, así como el diputado local perredista, Bernardo Ortega.
El vocero dijo que tienen información de que en el municipio de Zitlala hay al menos 50 desaparecidos y el mismo drama se vive en comunidades de Chilapa y Ahuacuotzingo.
En este sentido, advirtió que aún no se dimensiona la gravedad de la problemática que se vive en esta zona de la Montaña baja de la entidad que fue convertida en cementerio clandestino por los grupos de Los Rojos y Los Ardillos que mantienen una brutal disputa por esta importante plaza.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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