En un comunicado emitido esta noche, la PGJE informó que en la primera bodega sólo había camisetas y artículos textiles permitidos por la ley, tal como lo mostraron en días pasados dirigentes del PVEM en una primera inspección efectuada a petición del PAN; sin embargo, desde este lugar había un pasillo oculto por cajas colocadas para tapar el acceso.
Al frente del operativo efectuado esta tarde llegó el titular de la fiscalía especializada en delitos electorales de la PGJE, Martín Evaristo Gómez Silva, aunque presuntamente lo hizo en respuesta a una “denuncia ciudadana”, y en virtud de que, tras las primeras indagatorias, se obtuvo la orden de cateo judicial para revisar la bodega del partido.
Con la orden de cateo se verificaron ambas, y fue así como se localizó material no permitido por la ley, “y cuyo aseguramiento se autorizó en la orden de cateo, siendo un total de 20 mil 700 kits escolares, que a su vez se traducen en más de 100 mil objetos”.
Los agentes sacaron en vehículos de la Procuraduría de Justicia cerca de 350 cajas con logotipos del PVEM las cuales, según se indicó, contenían artículos escolares como lápices, sacapuntas y otros que el INE determinó prohibir y ordenó al Verde que fueran retirados de la propaganda electoral que éste distribuye entre la ciudadanía durante las presentes campañas.
Apenas un día antes, el martes 26, la regidora y secretaria de organización del Partido Verde Ecologista de México en León, Beatriz Manrique Guevara, interpuso una queja en contra de la Procuraduría de Justicia del estado.
Manrique acusó al procurador Carlos Zamarripa y agentes de la Unidad de Investigación Criminal, en virtud de que –según expuso– elementos adscritos a dicha oficina que se encontraban en el exterior de la referida bodega ubicada en el bulevar Delta la amenazaron e insultaron cuando se acercó a preguntarles qué hacían vigilando el inmueble y si efectuaban alguna investigación.
De acuerdo con la declaración de la también regidora del PVEM, los ministeriales le advirtieron “te vas a arrepentir, hija de la chingada”, antes de retirarse del lugar sin dar explicaciones, identificarse o mostrar algún oficio de comisión de investigación, por lo que decidió interponer su queja ante Derechos Humanos.
Pero la bodega, a fin de cuentas, sí era vigilada por los agentes, y este miércoles la PGJE decidió actuar, efectuando el cateo con unos 30 agentes y el fiscal especial, llevando una orden para buscar mochilas, cilindros, relojes y otros artículos que fueron prohibidos por el INE.
Ante el cateo, acudieron la propia Beatriz Manrique y el síndico del ayuntamiento leonés Eugenio Martínez, quienes calificaron la intervención de la PGJE como “un abuso y una exageración”.
“Treinta ministeriales para corretear lápices; que se vayan a corretear delincuentes, es lo que deberían hacer”, señaló Manrique.
“Cerraron la calle, hicieron barricada, más de 30 elementos, armas largas y muchas pistolas… para llevarse cuadernos. Si se comete un delito la autoridad casi nunca llega, pero si tienes cuadernos y lápices guardados, llegan en chinga más de 20 elementos”, escribió el diputado local del PVEM Sergio Contreras en un par de tuits.
Los dirigentes alegaron que el material escolar estaba guardado y no fue entregado.
La PGJE anunció que se continuará con el trámite de la averiguación para deslindar responsabilidades.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
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