“Desgraciadamente las autoridades no hicieron los cotejos de ADN entre un estado y otro, incluso, ahora sospechamos que ni siquiera hicieron los cotejos de los familiares”, afirmó Brenda Rangel Ortiz, de la agrupación Desaparecidos Justicia AC, conformada por familiares de personas desaparecidas.
El cuerpo de Rogelio Castillo fue hallado en San Miguel Allende, Guanajuato, en los límites con Querétaro, el 17 de noviembre, cinco días después de que un grupo de sujetos lo “levantara” en la colonia San Pedrito Peñuelas, al norte de la ciudad, y posteriormente lo asesinara.
Su hermano Eliud informó que, de acuerdo con la necropsia que hizo la Procuraduría de Guanajuato, donde se siguió de oficio la indagatoria por homicidio, Rogelio tenía 36 horas de haber perdido la vida cuando fue localizado, es decir, su muerte ocurrió el 14 de noviembre, dos días después de ser secuestrado.
“Me parece que es un hecho que no es aceptable, ante la sociedad, porque confiamos en las autoridades”, expresó Eliud, hermano de la víctima, quien expuso que fue necesario recurrir al apoyo de otras instancias para dar con el paradero de su hermano.
El afectado agregó que en Guanajuato fueron atendidos con mucha sensibilidad por un agente de nombre Benjamín, quien le expuso que, de manera recurrente, de Querétaro van y arrojan los cuerpos de personas a aquel estado vecino.
“Deberían poner más atención, fijarse, tienen que venir de otros lugares a enseñarles a trabajar”, cuestionó Eliud sobre la ineficacia de la Procuraduría de Querétaro –que encabeza Arsenio Durán Becerra– para localizar el cuerpo de su hermano.
En su opinión, si ellos no se hubieran apoyado en la asociación civil Desaparecidos Justicia y en otras autoridades fuera de Querétaro, su hermano nunca hubiera sido localizado por las autoridades de la Procuraduría de Querétaro.
“Ellos están tomando un método distinto al que usa la Unidad de Búsqueda (de la PGR), que se dedica a buscar a los desaparecidos, el método con el que se fue llevando la investigación no fue el correcto”, lamentó.
Justicia
Rogelio, quien era padre de dos hijas, trabajaba en una empresa de seguridad privada.
Sus familiares han evitado dar información sobre la relación o servicios que prestaba al Poder Ejecutivo de Querétaro para no obstaculizar la investigación.
El día que fue privado de su libertad, los policías que atendieron el reporte abandonaron el lugar de los hechos por “órdenes superiores”.
Su hermano Eliud dijo que hasta ahora, que ya fue localizado el cuerpo de su hermano, el subprocurador de Querétaro le informó que supuestamente creyeron que se trataba de un secuestro y por eso retiraron a los policías.
“Pensaban que era un secuestro, al final nunca tuvimos una extorsión, nunca tuvimos una llamada, fue un crimen atroz”, lamentó Eliud.
Los familiares de Rogelio reportaron los datos de la camioneta donde su familiar fue subido a la fuerza y algunos datos adicionales, sin que la víctima de 35 años fuera localizado.
Rogelio fue “levantado” el 12 de noviembre de 2014 en Querétaro, hallado por la Procuraduría de Guanajuato el 17 del mismo mes, localizado por la PGR el 13 de mayo en Guanajuato y, finalmente, sepultado en Querétaro el martes 19.
Sus familiares –quienes prolongaron su dolor por la ausencia de Rogelio durante casi medio año– confían en que la Procuraduría de Guanajuato, donde fue iniciada la investigación por el crimen, se castigue a los culpables.
Incumple
El 30 de julio pasado, el gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada, se comprometió con familiares de personas desaparecidas a crear una coordinación interestatal para buscar, con mayor eficacia, a sus seres queridos.
El encuentro ocurrió después de que un grupo de familiares de personas desaparecidas bloqueó algunos carriles de la autopista México-Querétaro, el 27 del mismo mes, día en que Calzada Rovirosa rindió su quinto informe de gobierno.
En esa reunión –a la que se prohibió el acceso a medios de comunicación por parte del Ejecutivo–, el mandatario asumió dos compromisos más con los familiares de personas desaparecidas que ha incumplido durante 10 meses.
Brenda Rangel Ortiz agregó que Calzada ofreció crear una ventanilla única para la atención de personas desaparecidas, con la finalidad de evitar el viacrucis que enfrentan los familiares cuando acuden a denunciar una situación de este tipo.
El gobernador también se comprometió, aclaró, a abrir los cerca de 230 casos –de acuerdo con datos oficiales– para trabajar en conjunto por su búsqueda.
Nada ha cumplido el gobernador, acusó Brenda Rangel.
El caso de Rogelio, expresó la activista, exhibe la simulación de las autoridades queretanas en la supuesta búsqueda de sus seres queridos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
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