Un sistema que está lejos de ser expedito, y que no logra emitir resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, como lo exige la Constitución. En lugar de recursos sencillos, enfrentamos trámites complejos. En lugar de procesos rápidos ante tribunales competentes, enfrentamos procesos tortuosos mal llevados por tribunales incompetentes.
La justicia cotidiana es aquella que busca dar soluciones a los conflictos diarios de la sociedad. Los trámites de divorcio y custodia. El cumplimiento de los contratos. La relación entre empleados y empleadores. Los desacuerdos de los ciudadanos con la autoridad que los gobierna. Y en México estas soluciones tardan en venir e implican un recorrido por los nueve círculos del infierno que Dante detallara. Esto es lo que revela el CIDE mediante una consulta extensa, amplia, pública. Esto es lo que evidencian el esfuerzo de 425 expertos, 485 testimonios, 600 propuestas. Un país que vive atorado en la injusticia 365 días del año. En el cual 85% de los litigios son de orden civil, mercantil o familiar y sólo 13% pertenecen al ámbito penal. Y en medio de esos litigios surge el desamparo ante la falta de mecanismos eficaces que lleva a tantos a tomar la justicia por su propia mano. Que lleva a millones de mexicanos a la informalidad y a la marginación jurídica. Que lleva a una justicia lenta, ineficiente, incierta.
Millones de mexicanos sin acceso a abogados, sin acceso a defensores, sin acceso a una justicia cercana que resuelva los temas más simples. Enfrentando procesos largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias. Percibiendo a la justicia como algo lejano e incomprensible. Intentando entender documentos que no proveen la claridad necesaria para interpretar qué se debe hacer o qué pasó. Y sin saber a dónde acudir, con quién hablar, cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. Atrapados en un laberinto de abogados, jueces, defensores, ministerios públicos de baja calidad y malos modos. Acorralados por un sistema que privilegia la forma sobre el fondo, y que en lugar de soluciones concretas obliga a trámites ad nauseam. Abandonados a su suerte por la mala calidad de las leyes, los reglamentos y las normas administrativas en todo el país.
Abandonados porque no pueden pagar lo que la justicia cuesta en un país donde obtenerla se ha vuelto un lujo. Por los honorarios impagables de los abogados. Por el pago a “coyotes” que cobran por presentar una demanda y después desaparecen. Por el tiempo y el costo que implican la aportación de pruebas, la participación de peritos, el imperativo de notificaciones, la obligatoriedad de las audiencias. Porque 70% de las familias tienen un ingreso mensual que no alcanza para enfrentar procesos judiciales complejos y costosos.
Trabajadores, ciudadanos, familias, emprendedores, vecinos, escuelas, afectados por autoridades que deberían ser las primeras en respetar la ley pero son las primeras en tergiversarla. Como ha escrito Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, “la mayor banda de extorsión en México sobre negocios medianos y pequeños no son Los Zetas, sino las autoridades corruptas en municipios y delegaciones”. Tribunales y presidentes municipales y jefes delegacionales que extraen rentas a través de mordidas millonarias, permisos discrecionales, regulaciones inventadas, trámites innecesarios. Y no son los narcotraficantes quienes están incrementando los costos de transacción ni obstaculizando la inversión ni vulnerando la economía informal. Es el gobierno.
El gobierno en sus múltiples encarnaciones –federal, estatal, municipal, delegacional–, que se vuelve una fuente de incertidumbre para el vecino, el empresario, el constructor. El gobierno que a través de jueces e inspectores persigue, impone, castra a ciudadanos que quieren emprender un negocio o simplemente trabajar para ganarse la vida. El gobierno, como lo argumenta Pardinas, convertido en un “cártel constitucional de la corrupción”. Abocado no a facilitar sino a obstaculizar. Abocado no a promover a los pequeños empresarios, sino a consumirles la vida y el patrimonio. Documento tras documento. Regulación tras regulación. Trámite tras trámite. Transa tras transa.
Y de allí la urgencia de soluciones pequeñas a problemas diarios. De derribar –en palabras de Ana Laura Magaloni– las barreras de acceso a la justicia que padecen grandes sectores de la población al margen del paraguas protector de la ley. De atender el diseño de micro-soluciones en vez de macro-reformas. Dejar atrás el discurso de las grandes intervenciones. Dejar atrás las sentencias largas, farragosas e incomprensibles para el común de los mortales. Pensar distinto. Pensar en medidas administrativas y de coordinación entre quienes imparten justicia. Pensar en la creación de centros de asistencia jurídica temprana para tantos que la necesitan. Pensar en una política nacional de mejora regulatoria. Pensar en un nuevo modelo de justicia familiar. Pensar en lo que el CIDE llama “justicia de barandilla” y “justicia itinerante” para acercar la justicia a una población que la ve –y con razón– como inalcanzable.
Más allá de los capos y los narcobloqueos y el combate a la inseguridad, la atención gubernamental necesita enfocarse en algo que nunca ha existido cabalmente en México: el estado de derecho que impida la impunidad. Y entonces empezar a implementar las medidas sugeridas por el CIDE. Seguir empujando la instrumentación de los juicios orales. Elaborar una legislación secundaria que haga viable –a pesar de sus limitaciones– al Sistema Nacional Anticorrupción. Con un fin último claro. Que cualquier mexicano sea un portador genuino de derechos. Que pueda enfrentar un proceso legal de divorcio o fraude sabiéndose apoyado por la ley y no mancillado por ella. Que el Estado mexicano se aboque no sólo a perseguir a los grandes delincuentes, sino también a asegurar que los pequeños trámites no se vuelvan un martirio. Para poder transitar así de la (in)justicia cotidiana a un país donde “la justicia no haga daño”, como exigía Cicerón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER (ANÁLISIS).
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