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Además, ordenó al Estado mexicano entregar a más tardar el 3 de agosto un informe sobre todas las acciones adoptadas para cumplir con las reparaciones todavía pendientes en los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados por elementos militares.
En tanto, para el 5 de octubre, deberá presentar un informe similar en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, también por militares, e igualmente por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres la comunidad indígena Me'phaa en el estado de Guerrero, que fueron violadas por miembros del Ejército.
En estos informes, el Estado mexicano deberá notificar los avances y las acciones no sólo para investigar, juzgar y sancionar los actos de tortura denunciados en estos casos, sino también sobre las medidas para fortalecer el registro de personas detenidas en el país y reformar el Código Penal Federal para tipificar adecuadamente la desaparición forzada de persona.
En las resoluciones que la CIDH emitió sobre estos casos se consideró que la competencia militar prevista en el artículo 57 del Código de Justicia Militar abarcaba delitos y bienes jurídicos que no eran propios del ámbito castrense.
En respuesta, el 30 de abril de 2014, el Congreso mexicano aprobó reformas a dicho código, las cuales fueron evaluadas por la Corte, señalando ahora que solo “dan cumplimiento parcial a las obligaciones” establecidas en las resoluciones.
Desde el momento de las reformas, múltiples organizaciones de derechos humanos habían señalado que eran incompletas y no cumplían en su totalidad con las obligaciones fijadas por la CIDH.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
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