Con el voto en contra de José Ramón Cossío, los ministros concedieron un amparo en contra del artículo referido, al considerar que limita el derecho a la información; aún y cuando reconocieron que el objetivo central del artículo era legítimo, porque pretendía proteger la seguridad pública y castigar a quienes sirven a la delincuencia.
Cossío, quien elaboró el proyecto de dictamen, lamentó en la sesión de la sala la decisión y advirtió que, “generar amparos en donde no se han aplicado las normas va a generar un efecto distorsionador muy grande”, porque todas las personas van a considerar o van a obtener un amparo y no necesariamente se les va a haber aplicado la norma.
Además de que, al estar dirigido a combatir la delincuencia organizada y la manera en que se puede transmitir esa información, “genera una situación sumamente peligrosa en la sociedad, cuando no se ha aplicado, ese es el tema central”.
Al concederle la razón a Darío Ramírez, director general de la organización Artículo 19, la mayoría consideró que el quejoso tiene interés legítimo para impugnar la norma, ya que los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información no sólo protegen la libertad de los individuos, sino que también garantizan “un espacio público de deliberación política”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
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