La comisión, encabezada por Pablo Gómez, destaca que Abarca fue electo candidato en ese municipio guerrerense porque ganó los apoyos de los líderes locales de Nueva Izquierda (NI) o Los Chuchos y de Alianza Democrática Nacional (ADN).
Lo anterior ocurrió a pesar de que Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente nacional del partido y miembro de Los Chuchos, tuvo conocimiento de los nexos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, con el grupo delincuencial Guerrero Unidos.
La comisión, que presentará este jueves 7 su informe en rueda de prensa, advierte que “José Luis Abarca no ganó la encuesta, sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones. En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, lo que dio el triunfo a Abarca a pesar de que la encuesta (interna) no le favorecía”.
Incluso antes de que Abarca fuera electo, Zambrano solicitó de forma verbal a Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación, que le informara si José Luis y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leyva o cualquier otro.
“Zambrano, en su calidad de presidente nacional del PRD, hizo una consulta verbal con el secretario de Gobernación, el cual, a decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta”, asienta el reporte.
Pese a ello, abunda, Abarca fue designado candidato e inició campaña electoral y, aunque no era conocido entre los militantes del partido, sí en Iguala como un empresario impulsor de la única plaza comercial de la ciudad: Galerías Tamarindos.
La encuesta interna, puntualiza, había favorecido a Óscar Díaz Bello por uno o dos puntos porcentuales, por lo que se declaró un “empate técnico”, y la decisión final fue que se instalara una mesa de negociaciones para consensuar propuestas en el Consejo Estatal del PRD, la cual integraron el presidente del partido, Carlos Reyes, Sebastián de la Rosa, Evodio Velásquez, Víctor Aguirre, David Jiménez Rumbo y Celestino Cesáreo.
“Víctor Aguirre se opuso a la candidatura de Abarca en aras de promover la de Díaz Bello, con el argumento de que éste había obtenido una mejor posición en la encuesta. Según el mismo Víctor Aguirre, la decisión sobre la candidatura de Abarca fue tomada al final con la participación personal de Ángel Aguirre, a la sazón gobernador del estado, en la mesa de acuerdos y sobre la base de que Díaz Bello ocupara la candidatura a diputado local del distrito de Iguala”.
El reporte también cita a Lázaro Mazón, quien ante la comisión admitió que la víspera a la selección del candidato en Iguala había llamado al entonces gobernador Aguirre para pedirle el apoyo a Abarca, debido a que el exmandatario era partidario de Díaz Bello.
Además, Mazón manifestó el desapego de la dirigencia nacional en turno, en manos de Jesús Zambrano, a la selección de candidaturas, exonerándolo así de los señalamientos de una supuesta venta de la candidatura por dos millones de pesos.
Incluso Abarca reconoció haber propuesto como suplente del presidente municipal a Luis Mazón Alonso, hermano mayor de Lázaro, por “ser su amigo personal”.
Por su parte, Óscar Díaz Bello afirmó ante la comisión que entregó, tanto a Andrés Manuel López Obrador –entonces candidato presidencial del PRD– como a Zambrano, un expediente con extractos de la revista Proceso y recortes de periódicos donde se hablaba de la relación de María de los Ángeles Pineda y Abarca con la banda criminal de Guerreros Unidos.
Y también remitió la encuesta donde se destacaba que estaba arriba en las preferencias.
Entre otros puntos, el informe resume el contexto político de la postulación de Abarca, sus lineamientos como presidente municipal de Iguala, las condiciones políticas, sociales y económicas del municipio y la seguridad pública.
Caso Ayotzinapa
En el caso Ayotzinapa, la comisión señala que la responsabilidad política del exgobernador Ángel Aguirre no ha sido esclarecida en forma alguna más allá de su voluntaria separación del cargo.
El Congreso de Guerrero, lamenta, “nunca ha abierto una investigación sobre los hechos en cuanto a la relación de éstos con alguna presunta responsabilidad política de los gobernantes de entonces. El único funcionario que aparece con responsabilidad es José Luis Abarca, encausado en el Congreso.
“Esta situación acusa una debilidad institucional en Guerrero, una atrofia constitucional, una irresponsabilidad del Poder Legislativo. Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el asunto se encuentra abierto y lo estará durante un año a partir de los hechos de Iguala”, acota.
En resumen, se estableció que no se ha descifrado el aspecto político de la tragedia: “La captura del Estado por la delincuencia organizada”.
También denuncia que el gobierno federal, a través de la PGR, “no ha asumido la tarea de esclarecer estos puntos tan importantes para todo análisis político de la situación que llevó a los hechos del 26-27 de septiembre pasados y de éstos en sí mismos. El caso, al parecer, está cerrado en cuanto a investigaciones propiamente dichas y todo lleva a dejar en la oscuridad la relación de hechos y de personas involucradas en los mismos”.
Además, “existen policías de Cocula sometidos a procesos penales, pero el presidente municipal, jefe de éstos, se encuentra desempeñando su cargo sin que su partido, el PRI, haya hecho siquiera alguna declaración al respecto”, deplora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
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