Los 1.3 millones de habitantes de Quintana Roo deben, en promedio, 13,788 pesos de la deuda estatal que al finalizar diciembre pasado ya implicaba el 104% de los recursos totales del estado, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El caso de Nuevo León y Coahuila es similar, su deuda ya implica el 102% de sus ingresos y sus habitantes deberán 12,180 pesos y 11,897 pesos respectivamente de deuda pública durante los próximos 17 años, aunque esos montos sólo se calculan considerando que sus gobernantes no decidan endeudarse más.
Si bien la deuda de Chihuahua todavía no alcanza a ser el 100% de sus ingresos, si es la que representa el porcentaje más alto del PIB estatal con 9.2%.
Hace 10 años, la deuda de Chihuahua era sólo el 2.4% de su PIB, por lo que en ese periodo casi se cuadruplicó.
En Veracruz, la deuda era en 2004 el 0.9% del PIB estatal y para 2014 ya era el 4.7%; lo mismo que en Nayarit que pasó del 0.5% al 5.9% o Chiapas del 0.7% al 6.8% de su PIB estatal.
En realidad, las cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que en los últimos 10 años sólo cuatro entidades han disminuido el monto de la deuda en función de su PIB estatal: Guerrero con una baja mínima de 1.8% de su PIB en 2004 a 1.3 en 2014; San Luis Potosí de 1.8 a 1.4; el Distrito Federal de 2.8 a 2.4%; y el Estado de México con avances más importantes, al pasar de 4 a 2.6% de su PIB.
Los indicadores sobre quién contrató la deuda en las entidades federativas muestran que en 81.2% de los casos se trató de gobiernos estatales; 10.7% de municipios y en 7% de otros organismos del estado.
Lo que debería hacer la diferencia para los próximos 10 años es la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios que se aprobó en febrero pasado en el Congreso y que ya fue avalada también, la semana pasada, por al menos 24 entidades federativas.
Esta ley reforma los artículos 25,73,79, 108, 116 y 117 de la Constitución para controlar el endeudamiento público y sancionar a los funcionarios que incumplan con normas para adquirir deuda.
Para empezar está prohibido que estados y municipios contraten deuda poniendo de garantía los recursos federales, que la deuda se utilice para cubrir gasto corriente o que se adquiera en el último trimestre de un periodo de gobierno.
Se crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, establece que ésta debe utilizarse para inversiones públicas productivas y obliga a liquidar las obligaciones adquiridas a corto plazo en el último trimestre del mandato. También se aprobó que la Auditoria Superior de la Federación tenga capacidad de revisar el estado de las deudas estatales y municipales.
El objetivo de esta ley no sólo es tener mayor control de la deuda, si no evitar que los gobernantes adquieran más justo al finalizar su periodo y entreguen la administración con deuda recién contratada.
Los datos oficiales muestran que la deuda pública en los estados en 2007 era de 186 mil 470 millones de pesos y al cierre de 2014 esa cifra de triplicó para cerrar en más de 510 mil millones de pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
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