En abril pasado, ella y otros padres en la misma situación arribaron a unos terrenos situados al norte del puerto de Veracruz, donde la Procuraduría General de la República (PGR) encontró restos humanos inhumados clandestinamente. Las víctimas habían sido decapitadas.
Ella y los demás padres aguardan resultados de las pruebas de ADN y gestionan que la dependencia siga con la búsqueda de entierros clandestinos.
En este trajinar, Angélica se hizo amiga de Amelia Hernández Namorado, Velia Aurora García Cruz, y Dolores González Cortés. Viven en la misma colonia, la Formando Hogar del puerto, pero no se conocían hasta que comenzaron a verse en el Ministerio Público porque las cuatro perdieron a sus hijos entre el 9 y 11 de diciembre de 2013.
Todas señalan que las desapariciones ocurrieron después de una operación de fuerzas estatales y están seguras de que alguien se los llevó.
Cuando acuden al Ministerio Público para saber cómo van las pesquisas para localizar a sus hijos, en lugar de darles respuestas las reciben con más preguntas: ¿Qué más ha investigado, señora? ¿Qué más sabe? ¿Quiere ampliar su declaración con esos datos?
Las mujeres coinciden en que ellas –que investigan sin método ni preparación– son capaces de aportar más datos que el personal de la Fiscalía General del Estado.
Ellos no dan resultados. Cada reunión es pérdida de tiempo y dinero, reprocha Velia Aurora García Cruz, madre de Ricardo Adrián García Cruz, desaparecido el 9 diciembre del 2013.
Ese día el joven y su amigo David Salas Sarías fueron interceptados por supuestos policías estatales en la carretera Veracruz-Cardel. Su desaparición quedó consignada ante la cuarta agencia del Ministerio Público en la investigación 1416/2013.
“Estamos como los padres de los normalistas, buscando nosotros mismos –expresa Angélica María, madre de Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años–. Busco a mi hijo en cárceles y fosas. No voy a parar hasta encontrarlo.”
Recuerda el día en que se lo llevaron de su casa: ¿Dónde está el cabrón?, gritaban agentes estatales y marinos que allanaron su casa, a las 14:20 horas del 11 de diciembre de 2013. Sin mencionar nombres ni orden de cateo, irrumpieron en cocina, sala y baño, hasta encontrar una habitación al fondo de la casa, cerrada con llave. Con las culatas rompieron la chapa. Jonathan estaba escondido debajo de la cama; su esposa, en el clóset.
Los uniformados lo sometieron y lo subieron a la patrulla. Desde entonces Angélica Berrospe no sabe nada de él.
A Concepción Marcial Chapo le sucedió lo mismo. En la camioneta en que se llevaron a Jonathan subieron a su nieto, Víctor Álvarez Damián (expediente 1269/2013, integrado en la agencia cuarta).
Lo sacaron de su trabajo, un taller mecánico en la avenida Cuauhtémoc, donde realizaba cambios de aceite. La policía argumenta que participó en un robo, recuerda Concepción. Sin embargo, ni Víctor Álvarez ni Jonathan Isacc ni Ricardo Adrián fueron consignados.
Las madres averiguaron que el día de esa operación se realizaron más detenciones en colonias aledañas. Muchos ingresaron a la cárcel preventiva conocida como el penalito de Playa Linda, en las instalaciones de lo que fue la Policía Intermunicipal, ahora bajo el control de la Policía Naval. Tras pagar multas, los liberaron.
Un muchacho que fue secuestrado el mismo día que Víctor le dijo a mi hija que lo había visto en la camioneta el día que lo detuvieron. Pero también le dijo que cuando llegó a Playa Linda ya no lo vio en los separos, relató Concepción.
En los días siguientes a la desaparición de sus hijos, las madres acudieron a diario a la cárcel preventiva, hasta que las autoridades pasaron de regañarlas, por no entender que ahí no estaban sus hijos, a ignorarlas.
Por ello, Angélica, Amelia, Velia y Dolores decidieron integrarse a la Red de Madres Buscando a sus Hijos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Eirinet Gómez.
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