En entrevista telefónica desde Estados Unidos, José Luis Ávila, esposo de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, informó que la mañana de este lunes sostuvieron una reunión funcionarios de Segob con familiares y los defensores legales de Nestora, Leonel Rivero y Alejandra Gonza, en la que se acordó el traslado en fecha por determinar.
“No es verdad de que esté un traslado hoy. Hay un compromiso por parte del gobierno tanto federal como estatal de hacer un traslado en los próximos días pero de ahí todavía no hay nada concreto”, aseguró.
Y agregó: “Es un compromiso firmado, pero como en otras ocasiones ha habido otros compromiso firmados y el gobierno nos ha quedado mal, pues no podemos decir que ya es algo cien por ciento seguro. Esperamos que esta vez cumpla el gobierno”.
Desde el pasado 5 de mayo Nestora se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, en el estado de Nayarit, y debido a que no hay avances en su proceso penal.
Ante el visible deterioro de su salud desde la semana pasada, el gobierno federal convocó a una reunión para este lunes a fin de determinar acciones a seguir, según informó a esta agencia su abogado Leonel Rivero.
En la reunión de este día participaron (en un enlace telefónico) su esposo José Luis Ávila y una de sus hijas quienes se encuentran en Estados Unidos y de manera presencial estuvieron sus hijas Saira y Rubí, así como el abogado Leonel Rivero y la abogada Alejandra Gonza, quien además es integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Estados Unidos.
De acuerdo con el esposo de Nestora, se habló de un traslado en próximos días porque todavía hay que presentar documentos ante las autoridades correspondientes, “ojalá que para el fin de semana tengamos algo concreto”, mencionó.
Nestora Salgado fue detenida en un operativo del Ejército, Marina y policía estatal el pasado 21 de agosto de 2013, cuando fungía como coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá. Fue acusada de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, y aunque ya fue exonerada del primer delito aún enfrenta tres acusaciones por secuestro.
Pese a no estar condenada a prisión, la activista lleva dos años en una cárcel federal de máxima seguridad, por lo que el 5 de mayo inició una huelga de hambre, que de acuerdo con su hermana Cleotilde, ha deteriorado su salud toda vez que sólo bebe agua pero no ingiere ningún alimento.
Asimismo Cleotilde acusó a los funcionarios del penal de ejercer “tortura psicológica” contra la activista ya que dijo, le ofrecen comida y hasta han realizado partes médicos donde afirman que se encuentra bien de salud, lo que su hermana desmiente ya que padece gastritis y una neuropatía en las cervicales, que la limita en sus movimientos. Hasta ahora se espera fecha para su posible traslado.
Hasta el cierre de esta edición, la activista continuaba en huelga de hambre y aún no había sido notificada del acuerdo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
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