Además, en su mensaje compartió un link para ver su "reflexión" sobre el tema.
El texto denominado "Combatir la corrupción", reconoce que en 2014, el índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 103 de 175 naciones, lo que es inaceptable para México.
Agregó Peña que ahora, nuestro país contará con un Sistema Nacional Anticorrupción que coordinará a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellas responsables de fiscalizar los recursos públicos.
El ejecutivo federal señaló que "para mí el cambio más relevante de este nuevo paradigma es que, por primera vez, nuestra Constitución reconoce que, tanto ciudadanos como servidores públicos, somos corresponsables de combatir la corrupción".
De hecho, podrán ser castigados funcionarios, particulares y empresas que hayan participado en este tipo de actos. Mientras que los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno serán sancionados hasta con penas de prisión, las empresas pueden llegar a ser disueltas por tribunales independientes, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que contempla el nuevo marco legal, o sus equivalentes en las entidades federativas.
El Sistema contempla un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco mexicanos distinguidos que, junto con las autoridades, velará por los intereses de la sociedad, indicó.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se consolidará como el máximo órgano de fiscalización y, por ende, en piedra angular de este nuevo esquema. Sus nuevas atribuciones le permitirán realizar auditorías en tiempo real, cuando posibles ilícitos están siendo cometidos. Ahora, también podrá vigilar el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que utilizan recursos públicos.
Esta reforma prevé que la cuenta pública pueda ser fiscalizada a partir del primer día del año y no hasta abril, como ha venido ocurriendo. Además, aumenta a siete años la prescripción de faltas administrativas graves; esto significa que los mecanismos de justicia administrativa tendrán un carácter transexenal.
Y los próximos titulares de la Secretaría de la Función Pública deberán ser ratificados por el Senado de la República. Esto, con el objetivo de generar esquemas de corresponsabilidad entre poderes y garantizar la imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
Con esta reforma, subrayó, México avanza en su propia transformación, impulsando la integridad en la vida pública del país, al tiempo que señaló que será necesario generar nuevos consensos para dar forma a las instituciones y leyes secundarias que integrarán el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
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