Con sanciones económicas por hasta 180 días de sueldo base hasta la separación del cargo, podrán ser sancionados los servidores públicos del Estado de México que se nieguen a presentar sus declaraciones de bienes y de conflicto de interés, a partir de la aprobación, la noche de este jueves, de reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas de la entidad.
Una vez que la disposición sea promulgada, los servidores públicos de la entidad estarán obligados a presentar su declaración de intereses, junto con su manifestación de bienes, durante el mes de mayo de cada año.
En ella, deben exponer algún interés económico o personal que los pudiera llevar a actuar en beneficio propio o de un tercero.
También obliga la creación de un registro estatal de esas declaraciones para que la Secretaría de la Contraloría realice investigaciones y solicite información a dependencias y autoridades sobre los bienes de cada servidor, de sus familiares hasta el cuarto grado y sus ingresos, en el país y en el extranjero, para definir si existe o no conflicto de interés.
Los servidores públicos que no entreguen la declaración de intereses, sin causa justificada, serán sancionados en forma pecuniaria, y si no la presenta en los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión o alta del empleo, cargo o comisión, tendrán quince días para hacerlo; de lo contrario, podrá ser separado de la encomienda.
Quienes no presenten su actualización anual, podrían ser investigados en su patrimonio y se les iniciaría procedimiento administrativo.
Para determinar la existencia de un posible conflicto de interés, la Secretaría de la Contraloría podrá verificar manifestaciones de bienes y declaraciones de intereses, solicitar información a instituciones y autoridades, valorar pruebas, dar oportunidad a que el servidor público formule aclaraciones o aporte pruebas; antes de la determinación de posibles responsabilidades.
La nueva norma entiende como conflicto de interés “la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público; es decir, cuando lo relacionado a un interés público tiende a estar indebidamente influenciado por un interés secundario, como los de tipo económico o personal, guiando el servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero”.
Estas disposiciones se desprenden de la aprobación de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que a su vez fue motivada por los escándalos sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera, primera dama del país; y la residencia de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, entre otras; estas mansiones tienen en común que han sido edificadas por el empresario Juan Armando Hinojosa, uno de los principales contratistas de los gobiernos mexiquense y federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
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