Los documentos que fueron desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información, mediante solicitudes realizadas por investigadores de la organización Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive) y publicados por The Intercept, revelan que por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón 102 en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, de manera excepcional Washington paralizó fondos que iban destinados al Ejército.
En el artículo titulado “Autoridades mexicanas implicadas en la violencia, mientras siguen fluyendo los apoyos”, el investigador Jesse Franzblau y la reportera Cora Currier mostraron un informe interno del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, fechado en octubre de 2014, que menciona que algunas de las 22 víctimas no murieron a causa del supuesto enfrentamiento con el Ejército sino que fueron ejecutadas de manera sumaria y que un oficial del Ejército Mexicano y siete soldados habían sido detenidos por los asesinatos y su encubrimiento.
A continuación en el documento de Comando Norte se menciona: “A medida que más datos salen a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estuvo involucrado en actos ilícitos”.
Mencionaba también que si la Secretaría de la Defensa Nacional que investigaba el caso encontraba que el comandante de la zona militar que supervisaba al Batallón 102 era encontrado responsable de los asesinatos de Tlatlaya y estuviera implicado en ‘una grave violación a los derechos humanos’, entonces ‘toda la zona militar, más 10.000 miembros del personal, no podrían ser elegidos para recibir asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos’.
En enero, otro cable del Comando Norte informaba que el Departamento de Estado había suspendido el financiamiento de Estados Unidos a esta unidad en espera de los resultados de la investigación.
Esta afirmación fue confirmada por una funcionaria del Departamento de Estado quien, al ser consultada por The Intercept, señaló que cinco individuos pertenecientes al Batallón 102 acusado de los asesinatos extrajudiciales habían recibido entrenamiento del Comando Norte, pero que ninguno de los capacitados había sido acusado por los asesinatos.
La funcionaria agregó: “El Gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado ninguna ayuda o entrenamiento a miembros del Batallón 102, y no lo hará hasta que haya evaluado los resultados de las investigaciones relacionadas con este incidente”.
“El caso de Tlatlaya es un inusual ejemplo confirmatorio de que el gobierno de Estados Unidos, en efecto,
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
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