Como un ejemplo claro de la alineación de la llamada “telebancada” del Senado con los intereses de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, desde el 3 de noviembre de 2014, El Noticiario de Joaquín López Dóriga le dio amplia cobertura a la denuncia de senadores del PRI, PAN y Verde contra el IFT por querer posponer 90 días la entrada en vigor de la portabilidad numérica gratuita.
Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, emprendió una campaña contra los comisionados del IFT y los acusó de tener una “muy caprichosa interpretación” del artículo 32 transitorio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Anunció que su partido interpondría una controversia constitucional.
La posición de Lozano fue respaldada por el diputado federal Federico González Luna, del Partido Verde, presidente de la Comisión de Radio y TV, que también forma parte de la llamada “telebancada”.
El pasado 5 de enero la Suprema Corte admitió la controversia constitucional presentada por el Senado contra el IFT. Fue la primera vez desde la reforma del 2011 que una de las cámaras del Congreso interpuso este recurso contra un organismo autónomo. El Noticiario de Canal 2 también le dio amplia cobertura.
El 9 de febrero, López Dóriga editorializó: “Mañana entran en vigor, por lo menos oficialmente, las nuevas reglas de portabilidad numérica que permitirán el cambio de compañía telefónica sin costo. Y dicen que en menos de 24 horas, lo que veo muy difícil.
“Mientras tanto, la Corte continúa la revisión de la controversia presentada por el Senado contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones por aplazar hasta mañana la entrada en vigor de las nuevas reglas que debieron haber iniciado el 6 de noviembre pasado, de acuerdo con la ley”.
El pasado jueves 7 de mayo los ministros de la Suprema Corte consideraron infundada la controversia. El proyecto de resolución, a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que la facultad del artículo 28 constitucional que le permite al IFT emitir disposiciones administrativas de carácter general, se complementa con la atribución del Congreso para expedir leyes, en el sentido de que si éste no legisla, entonces el IFT no encontrará mayor límite para emitir regulación que el establecido en la propia Constitución.
Sin embargo, Televisa guardó silencia sobre el fallo judicial, a pesar del interés extraordinario que mostró en sus noticiarios para respaldar la posición de Javier Lozano. Ni una sola mención.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARA VILLAMIL.
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