En menos de siete días, los diputados turnaron, discutieron y analizaron el “título de concesión” para ampliarlo de 37 a 45 años. El dictamen fue avalado con 23 votos a favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, contra 13 de la oposición.
La aprobación de la bancada priista, que incluso dispensó la lectura del dictamen por “obvia resolución”, se dio en medio de reclamos de legisladores del PAN, PT y Movimiento Ciudadano (MC).
“Estamos entregando un cheque en blanco por órdenes superiores”, expuso el panista Julen Rementería, aludiendo a la concertación pactada entre el gobernador priista Javier Duarte y el dueño del Grupo Carso.
“No leyeron el dictamen. Firmaron y aprobaron algo a ciegas”, reprochó ante la indiferencia de la bancada priista, que apuró a la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega, para que emitiera la votación.
El petista Fidel Robles y el legislador de MC, Cuauhtémoc Pola, señalaron que antes de ampliar la concesión, el gobierno de Duarte tendría que “sancionar” y “deslindar responsabilidades” contra servidores y exservidores públicos de éste y el anterior sexenio por el desvío de recursos cuya procedencia ignoran la Auditoria Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización.
Pese a los reclamos, la mayoría priista aprobó la iniciativa de decreto que permitirá concluir la obra en un año, sin que el gobierno del estado aporte más recursos.
Los priistas justificaron que se modificó el título de concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, para que se den las condiciones que permitan concluir el proyecto a más tardar en un año.
“De común acuerdo entre gobierno y concesionaria se determinó concluir recíprocamente los procedimientos legales, administrativos y jurisdiccionales, nacionales e internacionales que correspondan”, expuso el gobierno estatal, luego de refrendar que quedan sin efecto los litigios mutuos entre la administración de Duarte y las empresas FCC y Cotuco –iniciadoras de la obra–, gracias a la intervención del Grupo Carso.
Además, el decreto legislativo expone que se da autoridad al propio Duarte para que, “asistido” por los titulares de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), “renegocie y modifique” la concesión de la obra, a efecto de cumplir con los objetivos trazados en el documento de septiembre de 2004.
El diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, se manifestó contra el dictamen porque después de 11 años, apuntó, la obra aún no se concluye y se requiere aplicar la ley y castigar a los involucrados en el retraso.
El pasado jueves 18, durante la comparecencia del titular de la SIOP, Tomás Ruiz González, diputados de oposición recriminaron el “borrón y cuenta nueva” que hacía la administración de Duarte.
En aras de lograr la venía legislativa, el propio Ruiz expuso en tribuna: “La obra la recibimos quebrada (Tomas Ruiz entró como titular de SIOP en marzo de 2015), le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva. De aceptar la inyección de capital (del Grupo Carso) no costará un peso más a los veracruzanos. Cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”.
Luego justificó: “Faltan los sistemas de ventilación del interior del túnel, la iluminación, los accesos de vialidad, la junta de cierre, las rampas, el último tramo para conectar con Coatzacoalcos”.
Pero hace menos de una semana legisladores del PAN, así como el diputado petista Fidel Robles y el de MC, Cuauhtémoc Pola, fustigaron que en una comparecencia celebrada en mayo pasado, el entonces titular de la SIOP, el expanista Gerardo Buganza –hoy secretario de Gobierno de Duarte–, les hiciera las mismas promesas y además llamara “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores del Túnel Sumergido, con quienes hoy Tomas Ruiz se volvió a sentar y logró acuerdos.
“Hay un desfalco, un desvío, fraude de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior comparecencia. Nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo falsas promesas. ¿A quién le creemos, señor secretario: a usted o a él?”, reprochó el diputado panista Julen Rementería.
En esa coyuntura Fidel Robles consideró que la incursión del Grupo Carso sólo será una certificación simulada para avalar la impunidad.
“El señor Slim sacará mil millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”, soltó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
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