Desde el jueves 18 a la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla llegaron los trabajadores de la empresa Autovan de Hinojosa Cantú y, acompañados por policías ministeriales, reiniciaron las obras de excavación.
La autopista que pretende conectar el área de mayor plusvalía del Estado de México ubicada en el municipio de Huixquilucan, con el Distrito Federal, fue autorizada por Peña Nieto en 2007 concesionándola a su amigo Hinojosa Cantú, quien para ello creó la empresa Autovan.
Hinojosa Cantú ganó en abril de 2007 la concesión de la autopista, pero la obra no arrancó por falta de dinero fresco y por diferencias con los propietarios originarios de los terrenos de San Francisco Xochicuautla, una de las cinco regiones indígenas por donde pasará la vía.
A escasos dos meses de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, el 23 de febrero de 2013, logró conseguir para su amigo un crédito de 2 mil 775 millones de pesos, recursos necesarios para arrancar los trabajos y que para ese tiempo llevaban casi cinco años de retraso.
Del crédito que el gobierno peñanietista autorizó a Hinojosa Cantú salió el dinero para cubrir el costo del derecho de vía y 13 millones de pesos que Hinojosa Cantú entregó a 320 comuneros de Xochicuautla a cambio de que avalaran en asamblea comunitaria la entrega de sus terrenos.
Los afectados iniciaron la defensa de su tierra y, el 15 de mayo de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito “anuló” la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla, razón por la que Armando Hinojosa Cantú debió suspender la obra.
A pesar de ello, el 8 de octubre pasado el constructor obvió la resolución judicial en materia agraria y echó a andar la maquinaria de una de sus empresas y ganadora de la licitación, Autovan; lo anterior llevó a que el 3 de noviembre se enfrentaran comuneros y empleados de la empresa, respaldados estos últimos por 600 policías mexiquenses.
Luego de frenarse el proyecto, narró Lucas Miguel Hernández, comunero de Xochicuatla y quien encabeza a los productores que rechazan entregar sus tierras, la gente de Hinojosa Cantú empezó nuevamente a comprar a los comuneros. De los 121 que rechazaban el proyecto, hoy quedan menos de cien.
El nuevo, presidente de Bienes Comunales, Ángel Valdez, ha convencido a varios que estaban en la resistencia pagándoles 120 pesos por metro cuadrado, denuncia Lucas Miguel, “aunque sus cheques no tienen fondos pero eso ha bastado para dividirnos”.
Desarticulada parte de la resistencia, Hinojosa Cantú decidió regresar con maquinaria y el respaldo de la policía mexiquense violentando la resolución judicial.
“Nuevamente el día de hoy, 18 de junio de 2015, ha sido sitiada la comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla por trabajadores de la empresa Autovan SA de CV, custodiados de policías estatales, entre ellos personal del gobierno del estado y Policía Ministerial; Xochicuautla se encuentra inconforme y responsabiliza de los actos de hostigamiento al gobierno, ya que en ningún momento la comunidad otorgó permiso para que dicha empresa pudiera realizar los trabajos en nuestro territorio”, se señala en un comunicado emitido por los comuneros el jueves anterior.
“Denunciamos los convenios que las autoridades de Bienes Comunales están realizando bajo la manga por millones de pesos que sólo tiene un beneficio personal para estas personas y que en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de población en general de Xochicuautla, mucho menos a las personas que se oponen a este proyecto, quienes sólo han recibido amenazas, hostigamiento, represión.
“Responsabilizamos también al presidente municipal de Lerma, Erick Sevilla, por los actos ilegales que se cometen en contra de nuestra población indígena y nuestro bosque sagrado otomí, ya que este señor promueve y presume a nuestro municipio y sus pueblos como ‘pueblos con encanto y vocación turística’, lo cual repudiamos, pues ha llamado indios a los defensores del bosque y del agua, además de eso promueve y autoriza la destrucción de nuestros recursos naturales”, se lee en el comunicado.
Los comuneros de Xochicuautla aún analizan convocar a otros pueblos para que los apoyen en su resistencia; por lo pronto, la maquinaria de Autovan ya ha destruido cuando menos dos kilómetros de bosque otomí, y en su acompañamiento están al día de hoy poco más de 50 granaderos que protegen a los trabajadores de la obra.
Historia de la autopista
En el segundo año al frente del gobierno mexiquense, Peña Nieto emitió la licitación para construir la autopista de 39 kilómetros, de los que 30 forman parte de un bosque y un santuario del agua en la zona otomí. Incluso, este último es considerado por el propio Hinojosa Cantú como “zona con gran capacidad de infiltración y representa tal vez el potencial con mayor riqueza de agua subterránea en la entidad”.
En abril de 2007, Autovan “ganó” la concesión para construir la autopista Toluca-Naucalpan y operarla por 30 años, obteniendo como ganancia el cobro de peaje, pues se trata de una vía privada.
Otro documento denominado “Asuntos prioritarios del sector comunicaciones del Estado de México”, con fecha del 10 de julio de 2007, establece que la obra sería de 34 kilómetros y tendría un costo de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, hoy se tienen programados 39 kilómetros. Y para arrancar el proyecto el gobierno ya entregó casi 3 mil millones de pesos a Hinojosa.
Peor aún, de las cláusulas de la concesión estatal de 2007 y el crédito gubernamental federal se desprende un toma y daca de recursos.
En septiembre de 2007, Hinojosa Cantú –dueño de HIGA, Eolo, Constructora Teya, Publicidad y Artículos Creativos, Mezclas Asfálticas de Calidad, Señales y Mantenimiento, consorcio IGSA Medica del Perú y ahora Ingeniería Inmobiliaria del Centro, firma esta última que es la que adquirió el terreno y vendió la casa a Angélica Rivera– recibió el título de concesión para “la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento” de la autopista.
El documento establece que el concesionario deberá crear otra empresa, de ahí que el empresario consentido del régimen constituyera Autovan, así como un fideicomiso mediante el cual se indemnizará y comprará a comuneros propietarios de las hectáreas afectadas.
A cambio, según el título, Hinojosa debió financiar algunas obras del entonces gobernador Peña Nieto.
Se trata de 65 millones para la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio; 90 millones para la construcción de la conexión bulevar Aeropuerto, y 20 millones más para la construcción el ramal Huixquilucan. Un total de 175 millones de pesos frescos para subsidiar las obras de Peña Nieto en sus tiempos de gobernador mexiquense.
El retraso en las obras, debido principalmente a conflictos con los comuneros de Xochicuatla y de Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, Peña Nieto lo pudo revertir una vez que asumió la Presidencia de la República.
Por decisión presidencial de Peña Nieto, pero que ejecutó su primo segundo Alfredo del Mazo, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banorte), y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), autorizaron “al empresario conocido” de Angélica Rivera unos 2 mil 775 millones de pesos “para el desarrollo de la nueva autopista Toluca-Naucalpan”.
De acuerdo con el boletín de Banobras emitido el 23 febrero de 2013, se hace el préstamo “con el objetivo de mejorar la vialidad entre la zona norponiente del Valle de México con el Valle de Toluca, y Banorte junto con Fonadin autorizaron recursos por un total de 2 mil 775 millones de pesos”.
Previamente, se añade en el comunicado, Fonadin otorgó a este proyecto una garantía de crédito para la liberación de derechos de vía.
De los 2 mil 775 millones de pesos que entregó el gobierno federal a Hinojosa Cantú para la autopista, un día antes de que se diera a conocer públicamente ese recurso, el constructor y amigo de la pareja presidencial puso a trabajar parte de ese dinero, unos 600 millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Lo hizo a través de la empresa llamada Infraestructura Institucional S de RL de CV.
Así, la BMV reportó el 22 de febrero de 2013 como “eventos relevantes” la “inversión en deuda ‘Mezzanine’ en Autopistas de Vanguardia SA de CV –600,000,000.00–, adjudicada la concesión para la construcción, explotación, operación, administración, conservación y mantenimiento de la autopista que conectará al municipio de Toluca con el de Naucalpan”.
Según el título de concesión, la empresa Autovan crearía un fideicomiso para el pago de tierras, sin embargo, fue el mexiquense Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) el que conformó el fideicomiso, por lo tanto, el que pagó a 320 productores de San Francisco Xochicuautla los bienes comunales.
De acuerdo con el “convenio de ocupación previa” pactado entre el SAASCAEM y 301 productores, firmado el 16 de noviembre de 2011, éstos aceptaban el proyecto de la autopista, según la asamblea general de comuneros del 14 de agosto del mismo año.
A cambio de esta aceptación avalada en la supuesta asamblea, los comuneros daban su visto bueno a la expropiación por causa de “utilidad pública” sobre 235 mil 736.42 metros cuadrados “de tierras de uso común”.
Es decir, el gobierno del entonces gobernador Enrique Peña Nieto pagaría a los afectados un total de 55 millones 538 mil 758 pesos con 16 centavos, según se destaca en el convenio en poder de Proceso.
Los afectados aceptan que ese dinero es como “pago de indemnización… mediante cheque y en una sola exhibición con cargo al fideicomiso constituido para tal finalidad en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la firma de dicho convenio”.
Los comuneros se obligan por su parte a “no impedir ni entorpecer las actividades y trabajos”.
El convenio resalta que el gobierno estatal pagaría a los productores un total de 55 millones de pesos y que sería en una sola exhibición; sin embargo, dos años después, el 12 de julio de 2013, los comuneros recibieron, no del estatal, sino del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal Fondos Comunes (Fifonafe), 40 mil 410 pesos, según cheques en poder de Proceso.
El repudio
Desde el día en que se lanzó el concurso de licitación SCEM-CCA-01-06 para construir y operar la autopista Toluca-Naucalpan (en 2006), habitantes de Xochicuatla, principal grupo comunal de los siete que resultarán afectados con la autopista, empezaron movilizaciones en repudio del proyecto.
José Luis Fernández Flores, Antonio Reyes Valdés y Lucas Miguel Hernández Josefa, comuneros de Xochicuautla, explicaron que en 2006 se lanzó la licitación; en abril de 2007 se informa que la ganó Armando Hinojosa Cantú, y en septiembre del mismo año se firma el título de concesión.
Luego, en el 29 de octubre de 2007, el gobierno promueve que un grupo de habitante pida el reconocimiento de “comuneros de la comunidad”.
De las 40 mil personas que viven en la zona por la que pasará la autopista, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 9 reconoció con carácter de comuneros a 882, a los que divide en 441 de San Francisco Xochicuautla, y 441 del Barrio La concepción.
José Luis Fernández, originario de Xochicuautla, señaló que el gobierno estatal de Peña Nieto dividió con dinero a los 441 comuneros de Xochicuautla, los mismos que en octubre de 2007 pidieron el reconocimiento ante el Tribunal Agrario y quienes el 14 de agosto de 2011 resolvieron estar a favor de la autopista.
“De los 441 que nos reconocieron, 320 votaron a favor y 121 lo hicimos en contra, por ello impugnamos la asamblea por tener irregularidades, eso provocó que la obra se detuviera; más tarde, el 15 de mayo de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Segundo Circuito anuló la asamblea del 14 de agosto de 2011”, recordó Fernández.
Con documento en mano, del que Proceso tiene copia, exhibe como se anula el “Convenio de ocupación previa” que algunos comuneros firmaron el 14 de agosto de 2011 con el gobierno mexiquense y por lo tanto la indemnización de poco más de 55 millones de pesos.
José Luis Fernández, quien acusa al gobierno estatal peñanietista de haber comprado a algunos comuneros y dividirlos, mostró el cheque por 40 mil 410 pesos que el Fifonafe entregó el 12 de julio de 2013 “para votar a favor en aquella asamblea” y con lo cual les compraron sus terrenos.
El documento que ampara el cheque mencionado va acompañado de un pagaré donde se establece que se recibió el recurso, “y en consecuencia otorgo a favor del Fifonafe el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del pago a que se refiere el presente recibo, por lo que expresamente no me reservo derecho de acción alguna que pudiera reclamar “.
Pero hoy, advirtió Fernández, ese convenio y los pagos se tienen que echar para atrás, así como las obras de Hinojosa y Autovan, “porque ya ganamos el amparo en la última instancia y anuló dicha asamblea”.
Pese a ello, la maquinaria de Autovan sigue en los terrenos de Xochicuatla y ya cuenta con 30% de avance de la obra.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).
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