La exageración en la molestia de la empresa MVS por el uso de su sigla fue un pretexto político para silenciar el periodismo de radiodifusión que estos profesionales llevaban a cabo.
Es el periodismo de radiodifusión –según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B de su Artículo 6– “un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines en el Artículo 3 de esta Constitución”. La reacción de MVS fue una embestida contra Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Carmen Aristegui para impedirles su derecho a buscar y dar información, puesto que, asienta la Constitución como imperio de la ley: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
La polémica en los medios de comunicación, sobre el caso de los periodistas, ha sido tanto en pro como en contra. Aunque el balance es favorable para quienes han salido a dar la cara contra la agresión patronal; en cuyo abuso confluyen los intereses peñistas, de los empresarios y el resto de funcionarios que le han declarado la guerra a Méxicoleaks, porque éste recibirá todas las denuncias sobre corrupción. Esta polémica habla de que lo fundamental son las libertades de prensa: opinar, criticar y disentir. Derechos ejercidos por Aristegui, Huerta y Lizárraga y, en consecuencia, también es una acometida en general a ese haz de derechos. Y quienes están de acuerdo en defenderlos, ya que han dañado a tres periodistas, han actuado republicana y democráticamente al protestar.
Reportero, columnista, analista, etcétera, que sea agredido por su trabajo, enmascarando la arremetida con un dizque despido laboral, debe ser defendido impugnando el ataque. Igual debe rechazarse la ofensiva que cualquier ciudadano sufra contra sus derechos y, sobre todo, contra los que hacen posibles las libertades, con sus garantías. En este caso: Huerta, Aristegui y Lizárraga han sido objeto de un exceso de autoritarismo privado y público. MVS y quienes los apoyan han cometido un golpe de censura, provocado una inquisición judicial tras la administrativa y, claramente, desatado una lucha anticonstitucional al violar artículos de la propia Constitución que hace posible al Estado, al gobierno y a la sociedad, para la convivencia pacífica del ejercicio de las libertades.
Esta abusiva ofensiva contra Aristegui, Huerta, Lizárraga, por ejercer al máximo sus derechos-libertades en el periodismo de radiodifusión como servicio público, ha demostrado que los empresarios de MVS (como constantemente lo hacen Televisa y Tv Azteca) actúan como dueños –no usuarios– de una concesión, para sus intereses de poder político y económico. Y se deshacen, con o sin despidos laborales como camuflaje, de los periodistas que no se someten a sus disposiciones privadas (códigos de ética empresarial, por ejemplo) que ponen por encima de la legislación del derecho positivo y escrito, cuyo factor común es la Constitución como ley suprema. Y así, el hecho de privar de su trabajo a una periodista en ese contexto es más que suficiente para denunciar que se han mutilado las libertades de prensa. Y esto afecta a todos los derechos de la libre información. Censura a la crítica. No ha sido sólo un despido laboral en un arranque de vileza empresarial y doblez para quedar bien con el poder peñista, en cuya gestión golpista tuvo que ver el nuevo director de comunicación, el restaurantero Eduardo Sánchez. Se ha tratado de una maniobra para cancelar un programa donde se ventilaba información de contrapoder.
MVS-Vargas-Peña-Sánchez cometieron, además de una venganza, una inquisición administrativa contra la manifestación de las ideas, censura contra la máxima publicidad de la información, prohibición de que la radiodifusión sea un servicio público de interés general, supresión de la veracidad y pluralidad de la información y violaron la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de la radiodifusión. Peña, Vargas, Sánchez y MVS han pisoteado los derechos y libertades –con sus respectivas garantías– de los periodistas y reporteros que no es meramente un asunto “entre privados”, como seudoargumentó Osorio Chong, sino estrictamente público, porque un gobierno democrático y republicano ha de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes reglamentarias. Y como el peñismo es antidemocrático, antirrepublicano y anticonstitucional, aparentemente se hizo a un lado cuando Vargas-MVS-Sánchez ejecutaban la venganza porque exhibieron los sobornos inmobiliarios a la esposa de Peña, a Videgaray y al mismo Peña. Al no atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación el litigio, también se sumó al ataque de MVS y Peña contra la periodista.
Esos cortesanos del peñismo han contribuido otra vez a generar más problemas en vez de aplicarse a resolverlos. No son dos o tres los que existen en la ya problemática situación nacional. Económica, social, cultural, médica y políticamente es un hervidero de injusticias para los que se demandan soluciones donde, colectiva e individualmente, les asiste la razón a sus demandas contra empresarios voraces, paridos del botín del neoliberalismo económico, y contra los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones a lo largo y ancho de la administración pública municipal, estatal, federal y de las empresas paraestatales. Los empresarios mexicanos han logrado sus multimillonarios capitales –como los Vargas-MVS (Wilbert Torre, El despido. La verdad de la salida de Carmen Aristegui del noticiario más escuchado, editorial Temas de Hoy, 2015)– con base en abusos, complicidades y mutuos sobornos con el presidencialismo; además de corrupción y explotación de los trabajadores, para practicar el capitalismo salvaje que ya hace tronar las amarras del peñismo.
Al negarse a conocer jurídica-constitucionalmente el problema de Aristegui, los 11 cortesanos de la Suprema Corte y sus innecesarias facultades de tribunal constitucional se han entregado a las gestiones de Peña y Aurelio Nuño. Y sientan un precedente más de ignominia. Los mexicanos hemos de prepararnos para más problemas sin ninguna solución, centrados en la violación a los derechos humanos sobre los que Peña, en este 25 aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha pitorreado. Entre esos derechos, Peña y MVS-Vargas han pisoteado las libertades para buscar y recibir información, criticar los abusos y cuestionar a los funcionarios, si es que aún hay resabios de que el sistema es democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, si no [también] un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, social y cultural del pueblo”, atendiendo a resolver los problemas que le plantean.
Lo más seguro es que Peña, con los más de 15 millones de jornaleros sometidos a la esclavitud, sea la antítesis de Abraham Linconl; y el régimen sistema que preside es un despotismo con sus cortesanos en la extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ CONTRALINEA.
AUTOR: ÁLVARO CEPEDA NERI.
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