Y después, en el periodo de Vicente Fox, Díaz Tobías desarrolló investigaciones que pronto lo llevaron a descubrir un fenómeno: el uso de las áreas de auditoría del sector público para facilitar ilegalidades y la persecución de quienes intentaron documentar la corrupción gubernamental.
Ahora Díaz Tobías se muestra molesto por las mutuas acusaciones de corrupción que el PAN y el PRI le imprimieron a sus recién concluidas campañas electorales, pues él conoció a fondo la manera de gobernar de ambos partidos, así como las corruptelas y la impunidad de sus funcionarios.
En entrevista con Proceso, Díaz Tobías cuenta además que en 2003 creó un programa fiscalizador probado con éxito en ambas instancias; pero lejos de que el foxismo lo aplicara en todo el gobierno federal, como estaba planeado, lo congeló.
Ese programa, el Sistema Integral de Fiscalización de la Administración Pública (SIFAP), incluso era capaz de identificar las irregularidades en tiempo real: estaba diseñado para ampliar la fiscalización del gasto, tenía un proceso de reingeniería de áreas y homologaba funciones de evaluación que permitían identificar e inhibir las desviaciones desde su origen. También transparentaba información; tenía una estructura que hacía a las dependencias y entidades gubernamentales autofiscalizables y, una vez en marcha, el mismo sistema podía generar procesos de preauditoría.
Díaz Tobías muestra los dictámenes de dos comités de expertos gubernamentales y los oficios de comunicación interna que acreditan que el proyecto le fue presentado en enero de 2001 a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Como se trataba de un desarrollo independiente, el área jurídica de esa dependencia determinó que para “adquirirlo” debía comprarse.
Explica que, como estaba convencido de las promesas de combate a la corrupción y creyó que los panistas tenían voluntad política de hacerlo, no quiso lucrar: vendió el sistema al gobierno federal en un peso y aceptó una cláusula del contrato en la cual se establecía la exclusividad de la Secretaría de la Función Pública (SFP, sucesora de la Secodam) sobre el programa, por lo que su dominio y posible comercialización futura se hizo imposible.
El SIFAP se probó en Pemex y la CFE con buenos resultados. Se acordó aplicarlo en todas las dependencias y entidades del gobierno… pero de pronto Díaz Tobías fue arrastrado por una vorágine que terminó dejándolo fuera del gobierno.
“En su campaña electoral el PAN hablaba de un sistema nacional anticorrupción que ni siquiera llega al nivel conceptual del SIFAP, que inclusive permitiría reducir costos de fiscalización y no volver el aparato más obeso. Lo que hicieron fue congelarlo y guardarlo.
“La administración de Fox, primero con Francisco Barrio y luego con Eduardo Romero Ramos en la SFP, hubiera tenido un gran avance. Cuando el PAN fue gobierno, antes que reducir la corrupción, la prohijó”, subraya.
Persecución
Díaz Tobías sostiene que, con acusaciones falsas y supuestas víctimas, manipuladas por personal de la SFP, enfrentó una persecución judicial (se le acusó de hostigamiento sexual) y su salida del gobierno.
Las presiones sobre él se desataron cuando comprobó una prevaricación con millonarias consecuencias para Pemex. El responsable fue el entonces abogado general de la paraestatal, César Nava (este caso se abordó en los libros Camisas azules, manos negras, de la periodista Ana Lilia Pérez, y en Impunidad, de Julio Scherer Ibarra).
Las irregularidades ocurrieron a partir de abril de 2002. Nava era abogado general de la paraestatal cuando el alcalde priista de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel, demandó a Pemex-Petroquímica por 713 millones de pesos (mdp) debido a su atraso en el pago de los impuestos locales.
Para gestionar la demanda contra la paraestatal, Montiel contrató al despacho Asociados y Abogados Internacionales (AAI), de Jesús Antonio Macías Yazegey, conocido como Tony Macías y suegro del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Para la defensa de Pemex, Nava designó a sus colaboradores Juan Agustín López Huesca, Rogelio Martínez Hernández y Ernesto Ordaz Moreno, quienes además de su empleo en la paraestatal formaban parte del despacho Orbes, Servicios Legales Internacionales.
Durante el litigio incurrieron en errores elementales y perdieron oportunidades procesales en un asunto que era sencillo de ganar. La peculiaridad es que los dos despachos, AAI y Orbes, tenían el mismo domicilio, la misma papelería y los mismos teléfonos.
El caso fue a más: Montiel solicitó un embargo por 900 mdp y los abogados de Pemex, en lugar de designar bienes embargables, no respondieron, así que se ordenó el embargo de tres cuentas de la petrolera por un monto de 714 mdp.
Díaz Tobías documentó más: los colaboradores de Nava gestionaron un amparo ante el juez noveno de Veracruz, Vicente Mariche Garza, quien lo negó. Pero éste es cuñado de Rogelio Martínez (uno de los abogados de Nava) y concuño de Tony Macías. Las evidencias no sirvieron de nada. El caso fue archivado en 2003 por la SFP, a cargo entonces de Romero Ramos.
Antes de la alternancia
Como auditor en Pemex y la CFE, Díaz Tobías documentó numerosos casos de corrupción durante los noventa. De haberlos tomado en cuenta, el gobierno hubiera podido evitar millonarios daños patrimoniales. Se trata de casos que en su tiempo fueron escandalosos y quedaron impunes.
Por ejemplo, entre 1995 y 1996 investigó en Santa Catarina, Nuevo León, un mecanismo que calificó de “ingenioso”. Consistía en la sustracción de gasolina de plantas de abastecimiento y ductos. El combustible robado se escondía un tiempo, para luego venderlo a gasolineras.
La auditoría identificó a quienes incurrían en el robo de combustible y a los franquiciatarios que se beneficiaban. Por la magnitud del delito, se dio aviso a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República.
Todo quedó en proyectos de sanción elaborados por Díaz Tobías, a los cuales se les dio carpetazo. A él lo cambiaron de puesto. Las recomendaciones para evitar el robo a ductos se archivaron; con el tiempo esa práctica se volvió una industria delincuencial.
El nombre de Jaime Mario Willars Andrade, a la sazón director de Pemex-Refinación, aparecía con frecuencia en las denuncias.
Un caso más ocurrió en 1997, cuando Pemex Petroquímica simuló contratar un supuesto servicio de confinamiento de residuos hexaclorados que, se dijo, eran enviados a Estados Unidos para su destrucción. Esa basura es cancerígena y provoca daño ambiental. El auditor descubrió que en realidad esos desechos se tiraban en Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz.
El asunto “no tuvo trascendencia. Fue reducido para quedar sólo en sanciones administrativas; hubo un segundo contrato y la misma situación, las mismas denuncias y todo quedó en nada”, lamenta.
En 2000 la contraloría de la CFE –donde se había asignado a Díaz Tobías– registró un caso que sería antecedente de otro escándalo de corrupción. El 14 de abril de ese año recibió una denuncia anónima.
En ella se indicaba que Néstor Moreno y su antecesor en la dirección de Operaciones, Arturo Hernández, mostraron favoritismo hacia las empresas Sistemas Eléctricos de Potencia, Automatización y Control y Surtidores Eléctricos del Noreste, a las cuales les asignaron contratos para la instalación de equipos destinados a las subestaciones urbanas del país y otras áreas de distribución de electricidad.
Todo parecía indicar que dichas empresas eran de prestanombres de Moreno, pero por instrucciones del director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, y de su director de Comunicación Social, David López Gutiérrez (quien hasta hace unas semanas tuvo el mismo cargo, pero en la Presidencia), al asunto se le dio carpetazo y Díaz Tobías (quien además fue amenazado) fue enviado de nuevo a Pemex. La historia fue documentada en el número 1859 de Proceso.
Siguió luego un caso relacionado con una planta de éter metil tert-butílico (MTBE) para favorecer a la empresa Productos Ecológicos (Proesa) y su filial Oximex. Los hechos ocurrieron en 1999, cuando Rogelio Montemayor Seguy era director de Pemex. Entre las irregularidades destacaba la enajenación irregular de una planta nueva que se vendería como chatarra.
Montemayor contrató como consultor externo a Antonio Cedillo, quien había sido contralor de Coahuila meses antes, durante el gobierno de aquél.
Cedillo recomendó cancelar el contrato y pagar una indemnización de 137 millones de dólares a Proesa. Ese asunto trascendió el sexenio. En 2002 la investigación de Díaz Tobías provocó la inhabilitación durante 20 años de Mario Willars (Proceso 1612).
Por entonces el titular de la Contraloría era Barrio Terrazas, y el comisario de la dependencia, dice Díaz Tobías, el también panista Rosendo Villarreal Dávila, quien a su vez es tío de Héctor René Garza Villarreal, dueño de Proesa, de manera que “los altos funcionarios panistas justificaron todo y dieron carpetazo a los expedientes”.
Para el exauditor no hay duda: fueron los casos de Nava y Proesa los que motivaron su salida del gobierno.
Impunidad y poder
Tocados los intereses de Nava, Villarreal y sus familias, Díaz Tobías fue acusado de acoso sexual. Pero las mujeres que lo acusaron terminaron por reconocer ante el Ministerio Público que les ofrecieron una plaza en Pemex si acusaban al auditor.
Descubierta la trampa, Villarreal pidió una disculpa al exauditor y se le ofreció la jubilación anticipada (tenía 40 años). Con él, otros 13 auditores quedaron fuera del gobierno.
“Esos casos exhibieron que la corrupción de la administración priista que concluyó en 2000 no sólo se generalizó con el PAN, sino que se convirtió en una práctica de mayor alcance, toda vez que la irregularidad se trasladó a las represalias contra los servidores públicos de las áreas de auditoría. Fueron hostiles a quienes pretendían mantenerse independientes”, señala Díaz Tobías.
Los casos concluyeron así:
Respecto a la prevaricación en Pemex, Nava siguió en el cargo y luego fue asesor jurídico de Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, para luego convertirse en su secretario particular en la Presidencia, diputado federal y dirigente del PAN.
El alcalde Montiel repitió en el cargo hasta 2010. Ahora es secretario de Desarrollo Social de Veracruz. El abogado Rogelio Martínez ahora milita en el PRD. López Huesca siguió en el mismo cargo en Pemex hasta 2013.
Néstor Moreno fue el operador de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (2009). Luego se le procesó en Estados Unidos y en México acusado de corrupción.
Respecto a la planta de MTBE, a Willars se le inhabilitó 20 años, pero luego la sanción se redujo a 10. No hubo resarcimiento económico.
En cuanto a Proesa, Rosendo Villarreal, de ser comisario en la SFP se convirtió en director de Administración de Pemex hasta 2008. En Coahuila, Rogelio Montemayor encabeza oficialmente el lobby energético con miras a la extracción de gas shale.
“Los gobiernos panistas tomaron del PRI lo peor y lo incorporaron. Lo más perverso fue cuando replicaron la corrupción a través de las auditorías, que se convirtieron en vigilantes de que las violaciones recurrentes no fueran conocidas ni subsanadas”, dice Díaz Tobías.
“Y cuando los que en su momento decidieron trascender con independencia, conocimiento y hacer valer la ley, fueron reprimidos, castigados o separados de sus cargos. No hubo excepciones. Mi caso no fue el único ni el principal, sólo que yo no he dejado de denunciar.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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