Al negar el primer amparo promovido por los mentores, quienes aseguran que dicha evaluación viola su derecho a la estabilidad en el empleo, los ministros de la SCJN puntualizaron que la reforma educativa –promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2013– es coherente con tratados internacionales y permite controlar la calidad del Servicio Profesional Docente.
Las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y General del Servicio Profesional Docente no violan el derecho humano a la estabilidad en el empleo de los mentores, debido a que debe prevalecer el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental a una educación de calidad, destaca el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas.
Plantea, asimismo, que la Ley General del Servicio Profesional Docente no afecta los derechos de los maestros, ya que de no obtener un resultado favorable en su tercera evaluación, no serán cesados, sino que tendrán la oportunidad de continuar con su plaza, pero en otras tareas.
El próximo jueves 25, los ministros discutirán otros argumentos jurídicos planteados por los abogados de los maestros, en el sentido de que los cuatro artículos de la ley secundaria violan el derecho a una audiencia previa y restringen el derecho constitucional a la libertad de trabajo.
El pasado domingo 21, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtieron que acudirían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)si la SCJNrechazaba los amparos promovidos contra la reforma educativa y daba su aval a la evaluación docente.
Manuel Fuentes Muñiz, asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, destacó ese día que 100 mil profesores interpusieron recursos de amparo ante la enmienda constitucional.
“No confiamos en los ministros de la Suprema Corte de Justicia por la forma como se han conducido en este tipo de conflictos. Nos llama mucho la atención que transcurrió prácticamente año y medio desde que empezaron los primeros amparos y hasta ahora nos responden”, increpó.
El abogado sostuvo que los derechos humanos de los maestros no pueden desaparecer por decreto presidencial, la Cámara de Diputados o el Poder Judicial.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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