La mujer fue asistida en su queja por Ignacio Ochoa Plácido, director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido”, quien expuso a reporteros locales que la incriminación contra García Fernández está relacionada con su quehacer periodístico.
Ochoa Plácido narró que luego del secuestro de Susana Arroyo, originaria de la congregación Villanueva de Martínez de la Torre, ‘El Libra’ documentó y le dio seguimiento al caso. Luego, “dos de los tres detenidos acusaron al periodista de pasarles información de la persona secuestrada”, apuntó.
Timoteo Sandoval, uno de los presuntos asesinos, dijo a policías ministeriales que, vía mensajes de texto, “el reportero” les pasaba información de la víctima y les decía que las “cosas estaban calientes” por el plagio de la mujer, por lo que “había que pelarse”.
Días después del secuestro, el cuerpo de Susana Arroyo fue localizado en un pozo artesiano.
Posteriormente la Policía Ministerial detuvo a Lino Saúl sin mostrar una orden de aprehensión.
La esposa del reportero asegura que en sus últimas notas periodísticas difundidas en Canal 21, éste abordó el tema del plagio y puso en entredicho el trabajo del presidente municipal de Martínez de la Torre, Rolando Olivares.
“No tuvo la oportunidad de declarar y no ha tenido derecho a nada. La causa penal es la 15/2015 y se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia en Misantla, pero (Lino Saúl García Fernández) fue trasladado al Cereso de Coatzacoalcos, con lo que se le priva de garantía de audiencia, presunción de inocencia y otras garantías”, expusieron Ignacio Ochoa y Encarnación Ramírez.
La esposa del reportero –quien antes de su detención también se desempeñaba como técnico electrónico– dice que “ha batallado” para poder verlo, pues ella radica con su hija en Martínez de la Torre y aquel fue trasladado al sur del estado, al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Duport Ostión, en Coatzacoalcos.
“Hoy nos atrevimos a venir (a esta ciudad) porque hay muchas irregularidades y violaciones en su proceso penal. Por ejemplo, pasó una semana sin que se nos notificara a que cárcel había sido trasladado, además de que ahora cada que hablo con él, le cobran siete pesos por minuto en cada llamada”, sostiene.
Y detalla que en la queja depositada en la CEDH se pide la intervención del ombudsman Luis Fernando Perera Escamilla.
“Estamos pidiendo que se respete el debido proceso, que se tenga la presunción de inocencia y, de ser responsable, proceder conforme a derecho”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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