Únicamente se limitó a responder que el gobierno respondió “en tiempo y forma” y que la respuesta fue enviada vía correo certificado.
Labastida Mendoza afirmó también que la respuesta fue “estrictamente legal”.
“El gobierno del estado –subrayó– no tiene motivaciones políticas en el caso de Pedro Canché”.
La reacción del gobierno de Borge Angulo se da luego de que varios medios de comunicación dieron cuenta de que el pasado lunes 1 se venció el plazo para responder a la recomendación de la CNDH y las autoridades estatales no cumplieron.
Incluso, la defensa de Canché confirmó que la respuesta de Borge Angulo no había llegado a la CNDH.
El pasado 11 de mayo la CNDH emitió la recomendación 13/2015 en la que solicitó a Borge Angulo, entre otros funcionarios, a que instruyera al procurador general de Justicia para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, “se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el juez correspondiente”.
El organismo que dirige Raúl González admitió incluso que las autoridades habían violentado la libertad de expresión, la seguridad jurídica y la integridad personal del comunicador Pedro Canché.
Días después, el 28 de mayo, el Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito ordenó la liberación del activista y periodista maya.
En su recomendación, la CNDH también solicitó a Borge Angulo reparar el daño y ofrecer una disculpa pública a la víctima y proceder en contra de los servidores públicos involucrados en la trasgresión de los derechos humanos del comunicador, entre ellos el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos, quien emitió comentarios en la red social Twitter que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
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