La abogada del periodista maya, Araceli Andrade, confirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio un plazo de 15 días para cumplir las recomendaciones, pero que no hubo respuesta por parte de las autoridades estatales.
“El plazo venció a las 12 de la noche, pero no llegó nada a Derechos Humanos”, subrayó.
El pasado 11 de mayo la CNDH emitió la recomendación 13/2015 dirigida al gobernador Roberto Borge Angulo; al magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y a los integrantes del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador.
La CNDH pidió al mandatario estatal que instruyera al procurador general de Justicia para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, “se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el juez correspondiente”.
Dicha recomendación quedó sin efecto, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito ordenó la liberación del activista y periodista maya el pasado 28 de mayo, luego de que los tres magistrados resolvieron por unanimidad otorgar el amparo liso y llano a Canché contra el auto de formal prisión.
La CNDH también solicitó a Borge Angulo reparar el daño y expresar una disculpa pública a la víctima, además de la instrumentación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en la entidad federativa, y colaborar con la propia Comisión en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados y quien resulte responsable.
Entre los funcionarios señalados se encuentra el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos, quien emitió comentarios en la red social Twitter que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado.
El director general de Artículo 19 de la oficina para México y Centroamérica, Darío Ramírez, señaló que ante la omisión de las autoridades quintanarroenses, valorarán si acuden a la CIDH.
La aceptación de la recomendación de la CNDH, apuntó, es un tema de moral política, y el rechazo es mucho más grave por las circunstancias por las que el periodista maya fue encarcelado.
“Nunca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera tan explícita, emitió una recomendación integral y que se convierte en punto de quiebre”, sostuvo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
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