En rueda de prensa para dar a conocer las acciones programadas para recordar el incendio en la guardería subrogada del IMSS, así como la situación jurídica en que se encuentra el tema, padres y sus representantes del Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) resaltaron que en marzo anterior la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les notificó que estudia el caso.
José Francisco García Quintana, vocero de los padres afectados, informó que en una reunión sostenida con el subprocurador de Control de Procesos y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, éste se comprometió a viajar la próxima semana a Hermosillo para presentar a los deudos y familiares de los lesionados “un plan de investigación y retomar el asunto con un aire fresco”.
García Quintana comentó que el funcionario federal se comprometió a detallar las diligencias que faltan por practicar en las averiguaciones previas iniciadas en 2009 y 2013, esta última abierta ante denuncias de que el fuego en la guardería fue presuntamente provocado por servidores públicos de Sonora, en un intento por destruir documentos.
“No podemos dar un voto de confianza, tenemos que ver el planteamiento que nos hagan y no sólo eso, sino cuestionarlo porque se presenta con un retraso de seis años, seis años de denegación de justicia”, apuntó.
Luego de recordar que, de 2009 a la fecha, han dialogado con cinco procuradores, García Quintana resaltó que aún no hay sentencia pese a que el expediente vigente en el Primer Juzgado de Distrito en Hermosillo está compuesto por 168 tomos de mil hojas cada uno. En realidad, deploró, “sólo se ha acumulado papel y no hay resultados”.
También destacó que la averiguación previa abierta en 2013, en la que se involucraba a exfuncionarios del gobierno de Eduardo Bours, “se quedó en una cuestión mediática”.
Sin embargo, el vocero de los padres de las víctimas resaltó que en el encuentro con Higuera Bernal advirtieron que se pretende contratar a una empresa inglesa para realizar peritajes, con lo que los afectados están en desacuerdo.
“Desde el año pasado manifestamos nuestra inconformidad con los peritajes, porque sólo se va a gastar dinero para decir que están haciendo algo, porque sabemos que la escena donde murieron nuestras hijas e hijos ha sido afectado, ha sido modificada varias veces y no se ha resguardado como debió ser, por lo tanto es complicado que pueda tener cierta credibilidad o validez a más de cinco años de los hechos”, apuntó García Quintana.
Entre las demandas de los padres de familia, apuntó, destaca la ampliación de la acción penal a más responsables, incluida la “cadena de mando”, así como que se reclasifique el delito, pues “a pesar del homicidio de 49 bebés y lesiones en más de 70, para el juez estos hechos no son considerados graves”.
En la próxima reunión que sostendrán con Higuera Bernal, los padres de familia pedirán que se “actualice el número de consignados”, toda vez que inicialmente tenían conocimiento de que eran 22, pero de ellos “un Tribunal Unitario benefició a Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, y a su socio Gildardo Urquídez Serrano”.
El vocero de los padres también expresó la preocupación de los deudos por la escasa atención de los gobiernos estatales para homologar su legislación con la Ley Genera de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como “ley 5 de junio”, toda vez que sólo en 50% de las entidades se han puesto en marcha esas adecuaciones.
“De 2009 a la fecha, 20 niños han muerto en los centros de atención infantil, y el argumento en la mayoría de los casos es que se debió a broncoaspiración, pero tenemos sospechas que los decesos se debieron a que no hay condiciones óptimas en las guarderías”, denunció García Quintana, luego de indicar que la pretensión de llevar el caso ante la CIDH es para evitar la repetición de casos como el ABC.
El director del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, añadió que a seis años de los hechos “no hay justicia ni reparación en el caso, y tampoco hay verdad, porque no han terminado de esclarecer la causa del incendio y la ley no ha significado una política coordinada en los estados para evitar que estos hechos vuelvan a suceder.
“Tampoco hay una política pública que asegure la integridad y la vida de niños y niñas que están en guarderías, y no se ha investigado la cadena de mando de altos funcionarios que podrían estar involucrados en los hechos”, lamentó.
Stephanie Brewer, responsable del litigio internacional del Centro Prodh, puntualizó que el interés de los padres no sólo es que haya justicia para sus hijos, sino que desde la CIDH se ordenen medidas de no repetición, ya que de acuerdo con datos del Consejo creado por la “ley 5 de junio” para la supervisión de guarderías, “por lo menos 2 mil estancias infantiles incumplían con los requisitos de seguridad y protección civil, en tanto que más de la mitad de las guarderías de Sedesol incumplía con requisitos de protección civil”.
Brewer informó que luego de que en octubre del año pasado un grupo de padres de familia acudiera a Washington a presentar la petición para que la CIDH admita el caso, en marzo se les notificó que la petición ya cuenta con el número 1459/2014, solicitud que será analizada para determinar si es admitida por el organismo regional.
En la conferencia de prensa se informó que entre las actividades para recordar a las víctimas de la tragedia habrá movilizaciones en Hermosillo, Distrito Federal, Puebla, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, España, Argentina y Chile. Además, este miércoles 3 el obispo Raúl Vera se reunirá con los familiares de los menores fallecidos en Hermosillo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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