Eso se desprende del borrador del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica, proporcionado por Wikileaks a La Jornada.
El anexo, fechado el 17 de diciembre de 2014, “tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica”; incrementaría su influencia en “los programas gubernamentales de subsidio en medicinas y de instrumentos médicos, y daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en la materia”, escribió Deborah Gleeson, académica en la Universidad La Trobe, en Australia.
Las disposiciones del ATP están dirigidas principalmente contra Nueva Zelanda y sus políticas de salud pública, de acuerdo a especialistas como la profesora de derecho en la Universidad de Auckland, Jane Kelsey.
También se ha advertido que se afectar de manera seria la capacidad de la Agencia de Gestión Farmacéutica (Pharmac) de Nueva Zelanda para ofrecer aparatos médicos y medicinas a precios asequibles, lo cual va a implicar menos fármacos subsidiados y serán más los que deberán ser parcialmente pagados por los pacientes.
El texto podría establecer un precedente para que acuerdos comerciales regionales interfieran con los sistemas de salud nacionales, lo que podría reducir las opciones para poner en práctica programas de cobertura farmacéutica en países en vías de desarrollo.
La Jornada consultó al director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, Peter Maybarduk, quien señaló que no se ha visto que haya análisis de los gobiernos acerca de cómo el contenido del referido anexo afectará a los países en desarrollo.
En cuanto al caso de Estados Unidos indicó que la filtración da a concocer que el gobierno del presidente Barack Obama lleva a cabo acciones bajo las órdenes de las empresas farmacéuticas para someter a Medicare (el programa de salud pública de Estados Unidos) a reglas de procedimiento que son negociadas en secreto, las cuales que limitarían la capacidad del Congreso de promulgar reformas para abatir los costos de fármacos bajo prescripción.
Los países que están dentro de la negociacón -Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, quienes representan un tercio del comercio mundial-, se han puesto ya de acuerdo en casi todo.
Aunque la redacción del texto está casi concluida, todavía no existe acuerdo acerca de de qué programas de asistencia estarán incluidas en las obligaciones del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica.
Sobre los conflictos entre gobiernos y empresas la ATP ha señalado que un tribunal supranacional se encargará de su resolución.
“El mayor riesgo es la obligación (de los gobiernos) de proveer ‘un trato justo y equitativo’, que podría ser interpretado por los inversionistas como una legítima expectativa de que las autoridades acaten sus exigencias a la hora de tomar decisiones en materia regulatoria y administrativa; podrían exigir muchos millones de dólares en compensaciones, incluyendo futuras ganancias esperadas”, afirmó Jane Kelsey.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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