La denuncia fue promovida el pasado miércoles 17 ante la juez Octava de Distrito en Materia Civil, Emma Gaspar Santana, con sede en el Distrito Federal, dado que es en esa capital donde Grupo México SA de CV, Minera México SA de CV y Buena Vista del Cobre SA de CV tienen sus domicilios fiscales.
El documento los suscribieron y presentaron David Álvarez Bernal y Luis Pérez de Acha, presidente y abogado de Acciones Colectivas de Sinaloa AC, respectivamente, en representación de 86 demandantes directamente afectados.
“Las circunstancias comunes que comparten los miembros de esta colectividad es que todos ellos viven o tienen sus negocios, propiedades o posesiones en los municipios de Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huepac y San Felipe de Jesús, del estado de Sonora, por donde fluyen los ríos contaminados por las empresas demandas”, cita la demanda.
De acuerdo con el texto, la contaminación señalada ha dañado aproximadamente a 22 mil personas en siete municipios y ha traído como consecuencia que los niveles de contaminación del agua de los ríos se encuentren por arriba de los permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127- SSA1- 1994 (”Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización y modificación”).
El litigante Álvarez Bernal precisó que la denuncia es para que la empresa atienda directamente a los afectados por el derrame de los tóxicos, tanto a los firmantes como a quienes se sumen a esa acción colectiva.
“Significa la posibilidad de obtener, mediante un solo juicio de fácil acceso, la protección de su salud y patrimonio, y además estimula a las empresas demandadas a adoptar una cultura de responsabilidad ambiental”, resaltó.
Esta segunda demanda colectiva es complemento de la primera, admitida el 26 de marzo pasado por la misma juez Octava de Distrito, para exigir la reparación de los daños ambientales en defensa de un derecho colectivo de vivir en un medio ambiente sano.
Según los afectados, el texto se basa en la protección de derechos humanos individuales y busca que se reparen los daños provocados a personas físicas o morales que vieron lastimada su salud, patrimonio, empleo, cultivos, el agua de consumo y riego y la materia prima para producir alimentos, además de la enfermedad y muerte de ganado.
Las normas que dan sustento a esta demanda de acción colectiva se incluyen en la Constitución Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, ya que cualquier impacto negativo o daño ambiental que sufra el ecosistema en donde viven, trabajan y tienen sus negocios los miembros la colectividad, repercute necesariamente en su desarrollo como seres humanos, y afecta su patrimonio y su salud.
Los representantes de la firma invitaron a quienes se sientan afectados por ese accidente minero y deseen sumarse a la demanda, que envíen un correo electrónico a: info@acsinaloa.com, para integrarlos al expediente y reciban la indemnización que les corresponda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
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