Ocurre así en el caso de las constructoras que han trabajado con el Gobierno federal en los sexenios del PAN y el PRI, y que ha desatado una guerra de peticiones de investigación en el Congreso de la Unión.
Por un lado, el PRI intenta que sean auditados los contratos que los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron con Tradeco, constructora a la que le otorgaron miles de millones de pesos en contratos de obras, a pesar de haber incurrido en irregularidades.
Por su parte, el PAN ha impulsado que se investiguen los convenios que constructoras como Higa y OHL han tenido con la actual administración federal.
La puja por conocer los montos y las presuntas irregularidades que han ocurrido en los tratos con esas constructoras ha llegado a la tribuna de la Comisión Permanente, desde donde las bancadas han promovido diversos puntos de acuerdo relacionados con estas empresas.
El PRI, tras Tradeco
Los priistas han decidido desenfundar sus armas legislativas contra el gobierno calderonista por sus tratos con la empresa Tradeco.
A través de varios puntos de acuerdo que han sido promovidos en la tribuna del Senado de la República, legisladores del PRI han buscado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública den cuenta de los contratos y las auditorías que se han realizado a la empresa Tradeco.
Durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, Tradeco obtuvo contratos millonarios de obra pública en todas las áreas, desde infraestructura en salud hasta obras militares.
A Tradeco se le conoce como la constructora favorita del calderonismo.
Múltiples contratos han sido señalados por la propia ASF por tener irregularidades en las obras que ha construido.
En el punto de acuerdo más reciente promovido por los priistas, presentado ayer ante la Comisión Permanente, los legisladores del tricolor pidieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que haga públicos todos los contratos firmados con esa empresa.
Los priistas hicieron énfasis en la construcción de la autopista Durango – Mazatlán y el Puente Baluarte Bicentenario, que fueron adjudicadas de forma directa a la empresa Tradeco.
En la construcción de la autopista, la ASF documentó en la Cuenta Pública del 2012 el aumento en el costo de la obra, que pasó de 8 mil 889 millones de pesos a 22 mil 100 millones, además de presentar un retraso de tres años en su entrega.
Además, la Auditoría determinó la recuperación de casi mil 616 millones que se debieron a varios errores en la obra, como la realización de trabajos de mala calidad, la diferencia de volúmenes, los intereses de pagos anticipados y otros.
La bancada del PRI citó también las irregularidades cometidas en obras, como la construcción de las instalaciones del nuevo Colegio del Aire y la ampliación de la Base Aérea Militar de Zapopan, Jalisco, ambas a cargo de la empresa Avance Concesionarias, propiedad de Grupo Tradeco y cuyos contratos se otorgaron por adjudicación directa.
“A pesar de estos precedentes, la empresa se privilegió con múltiples contratos con el gobierno federal. Tan solo entre 2003 y 2012, los proyectos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos, cuya constante fue el sobrecosto y los retrasos en las obras”, expone el punto de acuerdo.
Los legisladores priistas pidieron la información sobre los contratos para que se puedan iniciar las investigaciones necesarias y fincar responsabilidades administrativas y penales a quienes sean responsables de un desfalco a las arcas nacionales.
El PAN, contra Higa y OHL
Los diputados del PAN tomaron también sus facultades como legisladores federales y propusieron algo más que una investigación: la comparecencia de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública.
Los legisladores el albiazul pidieron que el funcionario comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso para explicar el avance en las investigaciones del posible conflicto de interés entre el Gobierno federal y el Grupo Higa.
El presunto conflicto de interés deviene de la posesión de la primera dama, Angélica Rivera, de una residencia en el sector de Lomas de Chapultepec, vendida por Higa.
“La función pública ha sido convertida por muchos funcionarios públicos en una palanca que mueve negocios personales y la información clasificada y confidencial, así como el control político, el engaño, la mentira y la construcción de una enorme red de complicidades corruptas (…).
“Es de destacarse que en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, los priistas encuentran verdaderas ofertas para adquirir sus viviendas”, señalan los panistas en la argumentación de su punto de acuerdo.
Esta propuesta se presentó ayer en la Comisión Permanente, a la par que el PRI pedía investigar a Tradeco.
Además de los conflictos de interés con Higa, los panistas han pedido a la Secretaría de la Función Pública que se les informe sobre las auditorías realizadas a la empresa OHL México, específicamente en su obra del Viaducto Bicentenario.
La empresa, a la que el Gobierno Federal ha otorgado varios contratos, y que también tuvo asignaciones cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, ha construido y administra y opera seis autopistas de peaje –en el Estado de México, el Distrito Federal y Puebla- y el aeropuerto de Toluca.
Los panistas refieren el caso del supuesto caso de corrupción en el que participó Apolinar Mena, quien fuera cesado como secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México y multado con 189 mil pesos, luego de que se conocieran algunas conversaciones telefónicas en las que también participaban miembros de OHL.
“Consciente de la gravedad de la situación, esta Comisión considera pertinente realizar un exhorto a las autoridades involucradas en este caso, a fin de que se investiguen todas las operaciones a cargo de la empresa OHL México en el país y se informe a esta soberanía de manera oficial sobre el caso”, expone el punto de acuerdo.
La bancada del PAN no paró ahí. Sus legisladores pidieron al Poder Judicial del Estado de México que se les envíe un informe sobre todas las investigaciones que se le siguen a esa empresa “por la posible comisión de irregularidades y otros delitos”.
Tanto el PRI como el PAN destacan en sus peticiones la importancia de transparentar el ejercicio del gasto público en obras que se realizan en todo el país.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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