En respuesta, la dependencia federal llamó a “revisar las mecánicas unilaterales de revisión”.
A través de un breve comunicado, sentenció:
“No obstante que en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el gobierno de México considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales de revisión”.
Horas antes, el Departamento de Estado estadunidense publicó su reporte anual sobre las prácticas de derechos humanos en el mundo.
En el apartado de 30 páginas en las que se ocupa de México, la cancillería estadunidense destacó “el involucramiento de la policía y de los militares en abusos serios, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y abusos físicos” entre los “problemas significantes relativos a los derechos humanos” que observó en 2014.
El Departamento de Estado recordó la masacre extrajudicial de Tlatlaya, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como las 23 mil 234 personas oficialmente reportadas como desaparecidas desde que la administración de Enrique Peña Nieto entró al poder.
También resaltó las innumerables denuncias de casos de tortura, las peligrosas condiciones de vida en las cárceles, las detenciones arbitrarias, la corrupción en el sistema judicial, los atentados contra la libertad de expresión, las agresiones contra migrantes, los “cientos de miles de desplazados internos” en el país, así como los actos de corrupción, entre otros elementos.
Según el documento, “la impunidad en los abusos a los derechos humanos sigue siendo un problema en el país, con tasas extremadamente bajas de persecución de todos los tipos de crimen”. Incluso, denunció la “opacidad” del gobierno respecto a las investigaciones.
Desde inicios de 2015, la SRE ha desmentido de manera sistemática los informes internacionales en los que quedaba exhibida la crisis de derechos humanos en México.
Así, en febrero pasado la Cancillería aseveró que el “contexto de desapariciones generalizadas en gran parte de México” que observó el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, así como las demás conclusiones del órgano internacional, “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.
El 9 de marzo, el relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, reportó que “la tortura y los malos tratos son generalizados en México”. La Cancillería respondió enseguida que el diagnostico “no corresponde a la realidad ni refleja los enormes esfuerzos” desplegados por el gobierno.
A raíz del operativo militar desplegado en Jalisco a inicios de mayo, el día 5 de ese mes el Departamento de Estado actualizó sus alertas de viaje y aconsejó a sus ciudadanos no visitar la entidad. Enseguida, la cancillería aseveró que “se ha restablecido el orden en los municipios afectados e imperan condiciones de seguridad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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