Lo anterior fue revelado por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien fungió como mediador en este conflicto que tuvo un desenlace trágico y que se originó cuando policías federales allanaron la sede del magisterio disidente y detuvieron sin orden de aprehensión a siete profesores y un menor de edad.
Luego, los federales pretendieron llevarse con grúas algunos vehículos de los profesores, por lo que los vecinos reaccionaron cercando a 35 uniformados y se los llevaron retenidos a la iglesia para exigir la liberación de los integrantes del MPG.
Al respecto, comentó que durante el desalojo violento para rescatar a los federales retenidos, que dejó un muerto y cuatro heridos graves, intentó comunicarse vía telefónica con el gobernador Ortega y el delegado de Gobernación, pero ambos simplemente no respondieron, indicó.
En entrevista con Apro, el antropólogo señaló que previamente Ortega y Castro advirtieron que la acción policiaco militar era inminente porque no tenían opción, ya que “de ninguna manera” iban a permitir que los manifestantes atentaran contra la integridad de los uniformados.
Barrera criticó el hecho de que el gobernador Ortega pretenda ocultar este hecho trágico que refleja el exceso y la brutalidad policiaca en contra de ciudadanos.
Por ello, exhortó a las autoridades a investigar la acción para fincar responsabilidad contra los policías que accionaron sus armas contra el estudiante Antonio Vivar y una decena de manifestantes que exigieron la cancelación de las elecciones, al considerar que sin justicia no puede existir democracia.
El director de Tlachinollan informó que tras la detención “ilegal”, los ocho miembros del MPG fueron trasladados a la Ciudad de México a bordo de un helicóptero de la Marina pero, ante la retención de los 35 federales, se abrió una negociación entre dirigentes del MPG y autoridades federales.
Al respecto, dijo que la presión social obligó a las autoridades a ordenar el regreso de los activistas a Guerrero; fueron trasladados vía aérea al puerto de Acapulco, y enseguida a la capital de la entidad a bordo de vehículos oficiales.
El gobernador Ortega recibió a los profesores en la sede del Ejecutivo y luego se tomó la foto con ellos, la cual fue difundida posteriormente por el área de Comunicación Social bajo el título de “Autoridades entregan a familiares a los ocho detenidos en los hechos de Tlapa”.
En ese momento, el delegado de Gobernación le dijo a Abel Barrera que pidiera a los manifestantes que dejaran libres a los federales porque los activistas ya iban en camino a Tlapa, acompañados de funcionarios estatales; incluso, el funcionario federal le envió una fotografía a través de su equipo móvil.
No obstante, los pobladores anunciaron que iban a liberar a los 35 federales retenidos hasta que llegaran sus compañeros a Tlapa.}
La postura de los manifestantes molestó al gobernador Ortega y al delegado de Gobernación, quienes exigieron por separado que Abel Barrera convenciera a los manifestantes, pues de lo contrario se implementaría el operativo policiaco militar para rescatar a los federales.
Ambos funcionarios argumentaron que los órganos de inteligencia del Estado tenían información en el sentido de que los pobladores iban a linchar a los uniformados y advirtieron que de ninguna manera iban a permitir que atentaran contra la integridad de los policías.
Barrera reprochó la postura de las autoridades y les dijo que los manifestantes mantenían una actitud pacífica y en ningún momento pretendieron agredir a los uniformados, menos a quienes estaban al interior de la iglesia resguardados por mujeres y niños.
No obstante, la comunicación entre el director de Tlachinollan y los funcionarios se interrumpió y se desató el brutal operativo para rescatar a los agentes retenidos, acción encabezada por la PF y soldados del 93 batallón de Infantería con sede en Tlapa.
A un día de la tragedia el cuerpo de Antonio Vivar, un profesionista de origen mixteco de 28 años, era velado en una humilde vivienda ubicada en una empinada calle de la colonia San Antonio, entre imágenes del guerrillero Ernesto Che Guevara y la virgen de Guadalupe.
El ambiente es de rabia e indignación, y al llanto de amigos y familiares se suman las consignas en contra del gobernador Ortega, quien es calificado como “asesino represor”.
Ello debido a que la semana pasada, Ortega alentó a los miembros de un grupo de choque –conformado por simpatizantes del PRI y PT que actuaron en contubernio con policías estatales– para desalojar el plantón que mantenían miembros del MPG en el zócalo de esta ciudad, considerada como el corazón de la Montaña.
Al respecto, la esposa y familiares del joven de origen mixteco exigieron justicia y castigo contra los policías federales que mataron al estudiante de la UPN, quien se caracterizó por impulsar marchas y protestas en este lugar tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al velorio acudieron padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes, quienes se solidarizaron con la familia de Antonio Vivar, a la par que anunciaron acciones de protesta para que las autoridades procedan contra los federales que utilizaron sus armas de fuego contra manifestantes desarmados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQIUEL FLORES CONTRERAS.
FECHA: 8 DE JUNIO 2015
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