Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, perteneciente al Senado de la República, señala que el esquema con el que fue diseñado el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es deficiente y pone en riesgo su efectividad.
En la reforma fiscal aprobada en el 2013, y que comenzó a aplicarse en el 2014, el Congreso de la Unión aprobó un impuesto especial al consumo de bebidas azucaradas y a alimentos de alta densidad calórica.
A partir de dicha reforma, se fijó un impuesto de 1 peso por cada litro de producto a bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o cualquier otro que tenga azúcares añadidos.
También se aprobó un impuesto del 8% para alimentos con alta densidad calórica, que contengan 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Dentro de estos productos se encuentran los dulces, confites, bombones, chocolates, nieves y helados, galletas y pastas.
En el análisis “Diseño e implicaciones en alimentos de alta densidad calórica y bebidas saborizadas con azúcares añadidos”, el Instituto sostiene que aunque los ingresos hacendarios se han incrementado con el cobro de este impuesto, es importante reforzar la medida con otras que le ayuden a cumplir su objetivo.
“Aunque ha sido evidente el aumento en los ingresos tributarios provenientes de los impuestos especiales, es fundamental asegurar la asignación presupuestaria y la ejecución de estos recursos para mejorar el sistema de salud pública, tal como estaba previsto en la Ley de Ingresos de la Federación”, expone el estudio.
En la intención inicial de la Ley, los legisladores expresaron la necesidad de que el dinero que el Estado percibiera como parte de ese impuesto, fuera asignado directamente al combate a la obesidad, la diabetes y otras enfermedades.
A finales de mayo, la Comisión Permanente pidió un informe a la Secretaría de Hacienda sobre la aplicación de los recursos generados por este impuesto.
A petición de María Sanjuana Martínez, diputada por Nueva Alianza, el Congreso pidió que se explique los alcances que el cobre del IEPS ha tenido.
En términos recaudatorios, la medida ha sido un éxito.
Según Sanjuana Martínez, la recaudación del impuesto especial a estas bebidas y alimentos se incrementó 5 mil 800 millones de pesos más de lo previsto en el ejercicio fiscal del 2014.
“La recaudación real de este impuesto en 2014 superó en un 46% lo estimado. En tanto que en el primer trimestre de 2015, se ha tenido un incremento real del 88% en los ingresos por este concepto respecto al mismo periodo del año anterior”, expuso Martínez.
Este dinero, acusó la legisladora, no se ha utilizado en acciones que habían sido acordadas, como la instalación de bebederos en las escuelas.
El estudio del Senado reveló que en los primeros tres meses del 2015, los ingresos por el cobro del IEPS en bebidas azucaradas y alimentos de alto valor calórico se han mantenido en niveles de 2 mil 600 millones de pesos mensuales.
Esta cifra implica un crecimiento de 86.6% en relación con la recaudación de ese mismo impuesto en el 2014, en cuyo año se alcanzaron 8 mil 957 millones de pesos.
Se calcula que México es el mayor consumidor de refrescos a nivel mundial, al consumir 163 litros de refresco por persona, al año.
En el país, la ingesta de bebidas azucaradas da a las personas un 21% del consumo total de energía en adolescentes y adultos mexicanos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) del 2012, en México hay 48.6 millones de personas que padecen obesidad, sobrepeso o diabetes.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza al 71.3% de los mexicanos y al 30% de la población infantil.
En el país, el gasto para atender enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad es igual de grave.
En el 2012, México gastó cerca de 4 mil millones de dólares, unos 62 mil millones de pesos, para cubrir los costos directos en el manejo de la diabetes.
“(Esta cantidad) supera el monto asignado al Seguro Popular en 2010, programa que ofrece cobertura sanitaria a cerca de 44 millones de mexicanos”, expone el estudio.
Además, el costo indirecto de enfermedades vinculadas a la obesidad en 2008 fue de alrededor de 2 mil millones de dólares por pérdidas en productividad.
“La prevalencia de estas enfermedades implica una reducción en los ingresos de los hogares derivada de los gastos privados en salud y la pérdida de productividad laboral.
“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que una persona con sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud y gana 18% menos que el resto de la población sana”, se lee en el análisis.
Sin embargo, aunque en términos fiscales ha sido una medida exitosa, no ha logrado consolidar resultados por sus deficiencias.
Estas deficiencias son que solo se ha gravado una parte de los productos que inciden en el crecimiento del sobrepeso y la obesidad; que no se ha establecido un criterio técnico suficientemente fuerte para establecer qué alimentos deben ser gravados; y la falta de evidencia empírica confiable que hable sobre su impacto.
El estudio concluye que, además de mejorar estos criterios, el cobro de más impuestos como el IEPS debe acompañarse de medidas de prevención y atención; mejorar el acceso de agua potable en hogares, escuelas, espacios públicos y centros de trabajo; y contemplar todos los efectos posibles para asegurarse sobre la pertinencia o no de modificar este cobro.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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