Con ello revocó la respuesta que en su momento dio la dependencia castrense que remitió la solicitud de información a Banobras, porque habría sido la encargada de realizar las operaciones financieras para concretar la compra de la aeronave presidencial.
La Jornada informó que, de acuerdo a la ponencia del comisionado Joel Salas, el agravio que esgrime el particular al cuestionar la negativa de Sedena a informarle, es fundado toda vez que “la Sedena es el usuario final del avión adquirido, esto quiere decir, que es responsable de inspeccionar y supervisar técnicamente la aeronave en cumplimiento del contrato firmado”.
La información púbica que hasta ahora se tiene, señala que el nuevo avión presidencial realizó un vuelo a México el pasado 9 de octubre y unas horas después regresó a Estados Unidos para continuar con su equipamiento.
En las consideraciones de la resolución, se destaca que el monto invertido en la compra del avión presidencial, ha generado naturalmente la atención pública y reconocer que en otras solicitudes de información, el Ejecutivo federal ha accedido a las respuestas, sobre el estatus de la aeronave que fue adquirida bajo un esquema de arrendamiento a pagar en quince años y cuyo monto asciende a 6 mil 700 millones de pesos, más gastos por mantenimiento y operación que asciende a mil 300 millones de pesos.
“Los sujetos obligados involucrados no pueden pasar por alto que la magnitud del costo del nuevo avión presidencial coloca a este caso en la mira publica y deben ser sensibles a las demandas de transparencia en rendición de cuentas que exige la población”, dijo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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