Aunque el gobierno de Enrique Peña, al igual que el de su antecesor, Felipe Calderón, ha evitado reconocer que la violencia del Estado y la de las poderosas organizaciones delictivas son expresión de un conflicto interno, en los hechos, los militares mexicanos se encuentran en tiempos de guerra.
Así les han hecho saber los principales mandos militares a sus subordinados. En el sexenio anterior, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Calderón plasmó oficialmente su visión de lo que tenía que hacer el Ejército en su declaración de “guerra al narcotráfico”.
Fue esa “visión presidencial”, es decir, del entonces comandante en jefe del Ejército, la que ordenó al Ejército entrar de lleno a una confrontación interna.
El Ejército elaboró entonces la Directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012. El documento, que fue revelado por la revista Proceso en julio de 2014 (edición 1967), dejó en claro la orden que recibieron los jefes militares: actuar con “amplia libertad de acción”, “amplia iniciativa”, “mayor dinamismo” y “don de mando” para enfrentar a los delincuentes.
Cuando los jefes y oficiales encargados de cumplir esa orden preguntaron al entonces Alto Mando del Ejército, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, qué significaban esas vaguedades y las consecuencias que podían tener, la respuesta fue “arréglense con su mando”; es decir, los generales de zona y región militar.
La muerte de civiles a manos de militares se disparó. No sólo fueron narcotraficantes o supuestos delincuentes, sino también personas que no tenían nada que ver, las llamadas “víctimas colaterales”.
Los contados casos que se han procesado judicialmente por violaciones graves a los derechos humanos cometidos por militares en el gobierno de Calderón involucran a elementos castrenses de mediano o bajo rango. Ningún mando está siquiera bajo sospecha en los tribunales.
Cambió el gobierno y el discurso. Pero no el principio. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro) acaba de dar a conocer la orden escrita que recibió el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estuvo al mando de la tropa que participó en la masacre de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014.
De acuerdo con ese documento, la orden fue clara para el teniente Rodríguez: “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Así ocurrió. La muerte de 22 personas en una bodega abierta de San Pedro Limón, en Tlatlaya, tuvo lugar a las cinco de la mañana, tal y como lo decía la orden que según el Centro Pro fue dirigida desde el Alto Mando; es decir, el general secretario Salvador Cienfuegos.
El general secretario insiste en que se trató de un enfrentamiento y que si en todo caso hubo delitos de la tropa, que se actúe en contra de ellos. De nueva cuenta, como en el sexenio pasado, ningún mando es responsable a pesar de que ellos dan las órdenes.
Los generales mexicanos han ordenado a sus soldados salir a las calles a abatir, en la lógica del enemigo interno. La ejecución sumaria en Tlatlaya se le salió de las manos al Ejército. ¿Cuántas más han ocurrido en cumplimiento de esas órdenes?
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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