Caen los primeros tres por las fallas en la línea 12; van por Horcasitas

Las primeras detenciones derivadas de la construcción de la línea 12 del Metro fueron cumplimentadas anoche por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en contra de Juan Armando Rodríguez Lara, Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar.

La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos ejerció acción penal por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en la construcción de la también llamada línea dorada.

Extraoficialmente, funcionarios cercanos a la investigación señalaron que también se giraron órdenes de aprehensión contra Enrique Horcasitas Manjarrez, director del Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, ex director de construcciones de obras civiles, y Sergio Aguirre Mendoza, ex subdirector de obras y apoyo técnico de la misma instancia.

La PGJDF informó, sin especificar nombres, que se solicitó el apoyo institucional para la oportuna emisión de alertas, tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la Interpol, respecto de la emisión de la ficha roja correspondiente.

Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la emisión del impedimento administrativo de expedición de pasaportes en beneficio de los probables responsables, así como emitir alertas migratorias dirigidas a Alemania, Canadá y Estados Unidos.

A los detenidos, Juan Manuel Martínez Juárez, ex subdirector de costos y concursos del Proyecto Metro, y Abraham Vizcarra Baltazar, ex jefe de la unidad departamental de concursos, se les imputa haber otorgado y autorizado un contrato de prestación de servicios por un monto superior a un millón de pesos, con el cual se supervisaría la construcción de la línea 12, pero esta licitación se declaró desierta.

Juan Armando Rodríguez Lara, quien se desempeñaba como director general de administración del Proyecto Metro, fue aprehendido tras acreditarse su participación en la retención ilegal de contribuciones, por un monto equivalente a 8 millones 396 mil 322.96 pesos, al aplicar indebidamente las reglas fiscales en materia local y federal.

Por ese hecho fue acusado de cometer el delito de concusión (complicidad), el cual está tipificado como grave en la ley penal.

Aunque la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal emitió sanciones administrativas contra 37 personas, contenidas en 54 averiguciones, y se formularon denuncias ante la PGJDF por la posible responsabilidad penal de 15, no se había detenido a ningún involucrado en la construcción de la línea dorada, la cual mantiene cerradas 11 de las 20 estaciones desde el 12 de marzo de 2014.


Fuente: La Jornada
Autor: Mirna Servín Vega